El “escrache” feminista pone en la mira a profesores y universidades del país

Mariana González Magaña, investigadora en violencia de género dentro del ámbito estudiantil universitario, resaltó en entrevista con Expansión Política que el escrache – término acuñado para referirse a las manifestaciones sociales de denuncia de personas que han ejercido algún tipo de violencia– no es algo nuevo, pues en años pasados este ejercicio se ha llevado a cabo a través de tendederos y pizarrones de denuncia de agresores

Pero resaltó que en este 2021, el escrache tomó características diferentes debido a que la clases son distancia.

González Magaña, maestrante en Comunicación y Cambio Social por la Universidad Iberoamericana de Puebla, aseguró que el escrache de los académicos, "visibilizó que en pleno 2021 las universidades siguen siendo instituciones completamente patriarcales”.

Agregó, que si bien la respuesta a estas denuncias por parte de las instituciones fue el despido de los académicos, “las universidades deben ser precavidas, en lugar de solo ser reaccionarias y responder por medio de bomberazos”.

“Tienen todos estos casos que se vuelven exageradamente públicos porque en redes sociales se compartió algún video o algún testimonio... Las universidades no deben de esperar a que pase esto para hacer algo al respecto, pues difícilmente habrá un diálogo provechoso”, resaltó.

La académica insistió en aunque ya se han diseñado protocolos para atender la violencia de género, es necesario que en estos procesos se incluya la participación de las alumnas y trabajar en medidas a largo plazo que incluyan la capacitación de los profesores en temas de género y el análisis de los procesos de atención de las denuncias sean o no anónimas.

“Es triste que se tengan que hacer virales estas muestras de violencia para que las universidades hagan algo al respecto… Este tipo de 'violencia simbólica' abona a que en México vivimos una violencia feminicida, y esa es la cuestión, esa es la importancia.

“Las universidades deben tomarse en serio estos ejercicios y su primera respuesta no debe ser callar a sus estudiantes sino generar espacios de diálogo con ellas", expuso.

Comentó que los ejercicios de escrache son un grito de ayuda; “no son ganas de molestar a la universidad en vano, no es que se quiera arruinar su reputación, es algo que está pasando y aquí la prioridad son ellas, como sería cualquier alumno en una institución académica”, dijo Mariana González.

Más que un movimiento estudiantil

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), fue una de las escuelas que en el marco del Día de la Mujer y ante denuncias de violencia suspendió a uno de sus profesores, señalado de acoso y violencia.

Al menos tres organizaciones estudiantiles, entre ellas UADY Sin Acoso, exigieron la remoción de Andrés Escalante Tió, profesor encargado del programa institucional de inglés de la facultad de Química.

En 2020, Escalante Tió ya había sido denunciado por acoso sexual, sin embargo, la denuncia pasó de largo entre las autoridades académas, pero en este ocasión y ante el escrache, el 10 de marzo, la Universidad informó que llevaría a cabo una investigación y solicitó, como medida cautelar, que el académico suspendiera sus actividades al frente de las alumnas y los alumnos.

Esta no fue la primera vez que UADY Sin Acoso, la primera organización estudiantil en el estado de Yucatán que lucha por hacer visible, prevenir y erradicar la violencia sexual y discriminación, respalda y acompaña una denuncia estudiantil.

En febrero de 2019, las estudiantes universitarias Luisa Flores Rosales y Elena Cruz Pech fundaron este colectivo, al que se han sumado ya otros seis grupos de estudiantes de diferentes licenciaturas. En los primeros seis meses de haber sido creado este movimiento, las jóvenes acompañaron 41 denuncias por violencia, discriminación, homofobia y racismo.

Y aunque en un principio, UAYD Sin Acoso fue pensado como un proyecto para difundir campañas de sensibilización sobre la violencia de género, al día de hoy se ha convertido en un movimiento estudiantil organizado que ha dado pauta a la conformación de otros colectivos en la entidad.

“La Universidad cumplió este 2021, 99 años de su fundación, dentro de estos 99 años si habían casos de violencia, pero denunciaban y las mismas autoridades no hacían nada, protegían a los profesores. En estos 99 años, somos la primera organización que cobija a las víctimas y claramente, fue una cuestión que incomodó a la Universidad”, aseguró la joven que cursa la carrera de Antropología en la UADY.

El camino de UADY Sin acoso para dar seguimiento a las denuncias de violencia y acompañar a las víctimas en la búsqueda de justicia no ha sido fácil, quienes forman parte de este colectivo han invertido sus propios recursos, capacitarse, tejer redes de apoyo con otras asociaciones y hacer frente a los silencios y omisiones de las autoridades universitarias frente a la violencia de género.

Las jóvenes también han tenido que resistir y vencer el miedo. Luisa comentó en entrevista, que en dos años de trabajo dentro de esta colectiva estudiantil, sus integrantes han recibido ataques, descalificaciones, incluso, amenazas de muerte directas.

Durante la pandemia del COVID-19, el trabajo de UAYD Sin Acoso ha parado, pues pese a que no hay clases presenciales, las denuncias por violencia tampoco han cesado, por ello su labor a tenido que migrar a los espacios digitales, donde se ha sacado ventaja de la tecnología para tener pruebas sobre los actos de violencia perpetrados por profesores.

“En términos de incremento (previo a la pandemia, seguimos todavía con en el mismo nivel de actos de violencia en contra del alumnado, pero sí, una ventaja que ahora tenemos es que debido a que la universidad se maneja con una plataforma que te permite grabar (las clases) nos ha servido mucho”, aseguró Luisa.

La primera vez que este colectivo logró “sacar a un profesor” de la UAYD fue en julio de 2019, tras una serie de protestas y manifestaciones en contra de un profesor de la Escuela Preparatoria Número Uno, acusado de abuso sexual.

Un primer paso para la atención del acoso en las universidades

En este año, las denuncias por violencia, acoso y hostigamiento sexual dentro de las universidad ha hecho eco entre autoridades del gobierno federal y del Poder Legislativo.

Apenas el pasado 5 de marzo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), presentaron las Directrices Generales para Elaborar e Implementar Mecanismos de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las Instituciones de Educación Superior.

Durante el evento, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que el acoso y hostigamiento sexual, son problemas más recurrentes en las universidades, los cuales “persisten” y quedan “impunes”, debido a que “no existen mecanismos claros y accesibles” para combatir y sancionar esas conductas.

En tanto que en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga (Morena) también ha alzado la voz para pedir que las autoridades de Oaxaca atiendan las denuncias de personal académico y de alumnas de la Universidad del Istmo (UNISTMO), por casos de agresiones sexuales y hostigamiento laboral, por parte de funcionarios de la universidad.

Sobre este caso, la diputada dijo a Expansión Política que desde el Poder Legislativo han habido varios avances en contra de la violencia de género.

“Seguiremos alzando la voz exigiendo a las universidades, a las escuelas, pero también decirles al alumnado, a las docentes, al personal administrativo que no están solas. En nosotras también van a un tener acompañamiento y no hay que olvidar que hay otras instituciones que tienen que hacer su parte…”.

La diputada, quien desde el Congreso ha defendido el movimiento feminista, resaltó que visibilizar la violencia en las universidades, “va a ayudar a todas, porque entonces dejamos de normalizarlo y así podemos también sacudir al sistema de justicia para que haya una mirada más clara, directa y dirigida a los procesos de acceso de justicia que no son los más óptimos”.