Violencia política contra mujeres, el pendiente ante las #Elecciones2018
A 114 días de la jornada electoral, los reflectores se colocan sobre uno de los grandes pendientes del Congreso mexicano en materia de derechos de las mujeres: tipificar la violencia política de género.
Ante el creciente número de los casos reportados , –que van desde la violencia física hasta la económica– expertos, como la politóloga Elvira García Aguayo, dicen que el tema debe ser atendido de manera urgente por los partidos.
Ahora es cuando van a demostrar qué tan comprometidos están los partidos. Porque, ¿a quién le gusta ceder un lugar?".
¿Qué es la violencia política vs. mujeres?
La violencia política contra las mujeres abarca acciones y omisiones –incluida la intolerancia– que menoscaban o anulan su reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público por el sólo hecho de ser mujer.
Pueden ser amenazas, agresiones verbales (insultos o burlas), agresiones físicas (golpes e incluso secuestro u homicidios), o agresiones económicas (que no reciban el dinero que les corresponde para campañas en caso de candidaturas o ejercer sus cargos).
¡Ojo!, estos ataques pueden existir en cualquier esfera, desde secretarías, tribunales, consejos electorales hasta en el hogar o a la hora de ir a votar.
Las cifras de las agresiones
De 2012 a agosto del año pasado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contabilizó 187 casos de este tipo, siendo el 2015 el año en el que se detectaron más agresiones (92). Esto representa el 15% de los 612 expedientes registrados en los cuatro años por violencia política en general.
Hasta agosto de 2017, Tlaxcala y la Ciudad de México eran las dos entidades con el mayor número de carpetas de investigación abiertas sobre violencia política contra las mujeres con 14 y 13 casos cada una, respectivamente.
Ejemplos de vulnerabilidad
En 2016, Rosa Pérez, alcaldesa de origen tzotzil de Chenalhó, Chiapas, fue obligada a renunciar a su cargo, tras el secuestro de dos legisladores.
Este caso se suma al de la regidora de Tecamachalco, Puebla, María Ruth Zárate Domínguez, quien en 2015 recibió humillaciones y agresiones económicas, como la retención de su “dieta” por parte del cabildo.
Para 2018, se registró el asesinato de dos precandidatas en Chilapa, Guerrero, además de amenazas e intimidaciones contra Yareli Cariño, síndica de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
¿Más paridad=más agresiones?
México es uno de los países que más ha impulsado la paridad y la representatividad de las mujeres con un mayor número de ellas en los congresos, secretarías y gobiernos. Sin embargo esto ha provocado un incremento en las agresiones.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela, señala que el problema de ir avanzando en ese acceso a cargos públicos de las mujeres es que ha generado violencia política contra las mujeres.
Porque cada cargo que ocupa una mujer es un cargo que un hombre ya no puede ocupar”.
¿Qué han hecho los estados?
Algunos estados han legislado a nivel local para identificar las conductas y sancionarlas. El Estado de México y Oaxaca son las únicas entidades que lo han implementado en su Código Penal, 18 entidades lo hicieron en su ley electoral, mientras que 21 en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por el contrario, Guerrero, Hidalgo y Puebla no lo han hecho en ninguna de ellas.
¿Qué falta hacer para disminuir la cifra?
Aunque se ha avanzado, la tipificación del delito es el gran pendiente que falta.
El 9 de marzo del año pasado, el Senado de la República aprobó el decreto por el que se reformaban y adicionaban disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para prevenir, atender y sancionar dicho delito, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.
A finales de año, la propuesta pasó a la Cámara de Diputados para su aprobación y camino final, pero por cambios mínimos en cuanto a la definición de violencia política, el proyecto se regresó al Senado, donde está pendiente de aprobación.
¿Qué se está haciendo para contrarrestar?
Ante la falta de sanciones a nivel nacional, se elaboró un Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en el que participaron diversas organizaciones.
Además, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM) promueve una campaña para inhibir las agresiones.
“La violencia de género #NoEsElCosto de participar en la toma de decisiones en el ámbito público”, alerta el Observatorio, que pide un alto a los asesinatos de mujeres y a las violaciones en el ejercicio de sus derechos humanos.
