Huachicol, el otro desafío de Sheinbaum que deja pérdidas por 1,200 mdd y que está en la mira de Estados Unidos

La semana pasada en el Congreso estadounidense se propuso una iniciativa de Ley para Detener el Fomento de la Violencia de los Cárteles, mediante la que se destaca el rol del huachicol en el financiamiento de los cárteles mexicanos para permitir sostener sus empresas criminales globales y sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos.

“Los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y usar las ganancias para financiar el narcotráfico y la trata de personas que se infiltran en nuestras comunidades y matan a estadounidenses inocentes todos los días”, afirmó el senador republicano por Texas, John Cornyn.

Hugo Alberto Michel Uribe, jefe del Departamento de Economía de Centro Universitario de Ciencia Económico y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, explica que justo por ser una fuente de ingresos para los cárteles, el gobierno estadounidense puso en la mira el huachicol, sobre todo el "huachicol fiscal" que es la importación ilegal de combustibles simulando que son otro producto.

“Está ocurriendo un cambio en Estados Unidos sobre el tema del huachicol fiscal, que uno diría es un tema que corresponde a México porque el efecto más importante es la reducción de los ingresos fiscales por IVA, por los impuestos especiales, sin embargo, EU está apuntando a considerar al tema del huachicol fiscal como una actividad de que genera ingresos ilegales y la más grande fuera del contexto de las drogas”, plantea.

El huachicol toca otra de las prioridades de Estados Unidos: combatir las redes de complicidad entre autoridad y crimen, por lo que tampoco se descartan políticos señalados.

Lucha de México, tema de Estados Unidos

Al iniciar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su batalla contra el robo de hidrocarburos, mediante el que cuál, se perdían 200 millones de pesos diarios.

“Consideramos que se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la Nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó, en términos generales, una pérdida para Pemex del orden de 60,000 millones de pesos”, dijo el 27 de diciembre de 2018 .

Su lucha no terminó con el problema. En todo su gobierno se decomisaron 46 millones de litros de hidrocarburos, pero en los primeros meses la administración de Sheinbaum se reportó la incautación de 70 millones de litros.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó entre sus prioridades el combate al huachicol, para lo cual, dijo, se trabajaba en un sistema de trazabilidad digital para combatir tato el robo de huachicol como el huachicol fiscal.

“¿Qué quiere decir “trazabilidad”? Que sepamos, de lo que se importó, de la gota de gasolina, el litro de gasolina que se importó ayer: en dónde se está vendiendo, quién la transportó, dónde se almacenó, de ese almacén a qué gasolinera fue”, puntualizó.

El robo de petróleo crudo a Petróleos Mexicanos dejó pérdidas por 1,200 millones de dólares en 2025. En promedio, durante ese años se robaron 53,200 barriles diarios de crudo, de acuerdo con información de Francisco Banés de Castro, socio director de Cifra2 Consultores.

El volumen de crudo robado aumentó 12.7% frente a los 47,200 barriles diarios registrados en 2024. Las pérdidas para la petrolera solo por combustibles robados ascendieron a alrededor de 35,000 millones de pesos en 2025, 44% mayor al registrado en 2024.

La batalla que tiene México contra el huachicol, ahora es un tema de Estados Unidos.

“La propuesta de los congresistas plantea que el Departamento de Defensa le entregue al Congreso reportes de esas actividades y que le dé también recomendaciones de cómo pueden combatir el contrabando, o sea, ya se ha escapado de la esfera mexicana y está hoy y de manera muy clara en la agenda del Congreso de Estados Unidos”, señala el catedrático de la Universidad de Guadalajara.

En el último año, el gobierno de Estados Unidos tomó varias medidas contra el huachicol, una de ellas fue en mayo de 2025 cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a tres ciudadanos mexicanos y dos entidades involucradas en una red de narcotráfico y robo de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son una fuente de ingresos lucrativa para la organización narcoterrorista del CJNG, que le permite sembrar el caos en México y Estados Unidos”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El huachicol y la violencia

En la iniciativa presentada por el senador John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada se resalta que el robo de combustible y otros hidrocarburos fomentan la violencia criminal en México.

El análisis “Cómo el robo de combustible impulsa la violencia en México”, elaborado por la organización InSight Crime , plantea que el mercado del huachicol tiene un impacto directo en la violencia.

“El huachicol es una economía criminal particularmente propensa a la violencia. Las bandas dedicadas al robo de combustible deben usar la fuerza para controlar el territorio cercano a los oleoductos y a instalaciones petroleras clave con el fin de acceder a los suministros. Las disputas por este control suelen detonar enfrentamientos entre grupos rivales”, destaca.

Un ejemplo de ello es Guanajuato, el estado más violento del país, en donde nació una organización criminal cuya actividad principal es el huachicol: el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

En esa entidad del Bajío hay una disputa desde 2017 entre esa organización y el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado que los homicidios se incrementen.

En 2017 se reportaron 1,084 muertes violentas, pero en 2020 hubo un repunte y ese delito alcanzó los 3,359 eventos, aunque el 2025 cerró con 2,035. Entre 2017 y 2025, el incremento es de 87%.

“El huachicol alimentó el rápido crecimiento del CSRL y financió su ola de violencia. En su punto máximo en 2020, la banda llegó a robar hasta 1,5% del petróleo producido por Pemex, lo que generaba entre US$800.000 y US$1,2 millones al día. Las sucesivas operaciones de seguridad lograron capturar a sus líderes, pero no han debilitado al grupo, que sigue siendo uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato”, dice InSight Crime.

Combate también por redes de corrupción

El interés del gobierno estadounidense en combatir el huachicol también busca desmantelar las redes de corrupción que permiten al crimen obtener recursos millonarios.

Simón Hernández, coordinador de la maestría en Derechos Humanos y coordinador de la Clínica Jurídica "Minerva Calderón" Ibero Puebla, expone que sin funcionarios corruptos, el huachicol no sería posible.

El propio Departamento del Tesoro sostiene que los huachicoleros recurren a sobornos de funcionarios de Pemex para operar.

“Los ladrones en México (conocidos como huachicoleros ) utilizan diversos métodos para robar combustible y petróleo crudo de la empresa estatal de energía mexicana, principalmente sobornando a empleados corruptos, perforando ilegalmente oleoductos, robando en refinerías, secuestrando camiones cisterna y amenazando a empleados de Pemex”, señala.

Esas redes, por ejemplo, alcanzaron a una de las instituciones de más confianza entre los mexicanos, la Marina. Un vicealmirante y varios marinos fueron señalados de participar en una red de huachicol fiscal.

El caso explotó en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El 7 de septiembre pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 integrantes de una red ligada a tráfico de hidrocarburos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y otros marinos en activo.

Ese caso aún no se resuelve, pero desde Estados Unidos se puede incrementar la presión hacia el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

“Eso va a generar una serie de presiones al interior del Estado mexicano donde tendrá que tener un equilibrio entre la defensa de la instituciones, del Estado de derecho y desde luego la soberanía, pero también la responsabilidad para poder procesar en México o cooperar internacionalmente con quien haya cometido un delito que tenga impacto transnacional”, agrega Hernández.