Eliminar prisión preventiva dejará a 68,000 en libertad, alerta Gobernación

“La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicable la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como sabemos es una instancia judicial internacional que pertenece a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes. incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva”, explicó.

Si la Corte deja inaplicable la prisión preventiva, la cual permite que un presunto delincuente enfrente un proceso en prisión sin riesgo de fuga y salvarguardando la seguridad de víctimas y testigos, se estará excediendo, dijo Alcalde Luján.

“Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa”, dijo.

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Con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, se dejarán a 68,000 presuntos delincuentes en libertad, entre ellos:

-1,640 acusados de homicidio.
-7,150 acusados de secuestro.
-5,617 acusados de violación.
-4,013 de narcotráfico y narcomenudeo
-3,800 de portación de armamento y explosivos.
-1,405 de feminicidio.
-1,273 de abuso infantil y corrupción de menores.

“La liberación de estas personas pondría en riesgo primero a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal de la policía, al personal de la fiscalía, a los propios juzgadores”, resaltó.

Además, dijo que existe el riesgo de la comisión de nuevos delitos, porque se trata de poner en libertad a algunos vinculados con el crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, además de que tienen un alto riesgo de darse a la fuga.

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La secretaria agregó que atender esa política de la OEA vulnera la soberanía nacional, porque la existencia de organismos internacionales no implica que los Estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a auto determinarse.

“Ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político ni su forma de gobierno. Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia y ¿a quién le toca defender nuestra constitución?, precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución”, explicó.