En febrero de 2019, el exgobernador de Sonora pagó 40 millones de pesos para poder llevar su proceso en libertad.
El 11 de noviembre de 2016, Guillermo Padrés se presentó ante un juez federal para enfrentar los señalamientos en su contra por lavado de dinero y defraudación fiscal. El político panista aseguró que era un perseguido político y que las acusaciones en su contra no tenían ningún sustento.
Como gobernador, a Guillermo Padrés se le señaló por haber construido una presa en un rancho de su propiedad sin que contara con permisos legales. En 2015, la Comisión Nacional del Agua determinó demoler esa construcción.
Este lunes se le preguntó al presidente si existió algún acuerdo político con el exgobenador panista, lo cual rechazó López Obrador.
El titular del Ejecutivo federal aclaró que la liberación de Guillermo Padrés no era un asunto de su competencia y destacó que en su administración existe una división de poderes que se respeta.
“Antes el poder de poderes era el ejecutivo, en especial el presidente, entonces se quedó la costumbre que el presidente era omnímodo, todo poderoso y que los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, eran apéndice, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso”, aclaró.
Ningún acuerdo, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, son otros tiempos”
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.