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López Obrador promete transparencia, pero todavía queda a deber

El gobierno ha dado algunas señales positivas en este terreno, aunque al mismo tiempo arrastra pendientes como transparentar todos sus gastos y compras, advierten expertos en la materia.
Transparencia
¿Transparentes? Analistas, organizaciones y ciudadanos creen que el compromiso del nuevo gobierno con este principio aún está por verse.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La transparencia se ha convertido en una de las principales banderas de Andrés Manuel López Obrador —quien en numerosas ocasiones ha señalado que esta sirve para acabar con la corrupción—, pero, en los hechos, en la puesta en práctica de este principio su gobierno ha tenido claroscuros.

Así lo consideran expertos en la materia, quienes señalan que, mientras hay muestras de total apertura en algunos casos, en otros aún persiste la opacidad.

Ejemplos de estos contrastes están en que, por un lado, apenas el 1 de marzo el presidente anunció la apertura de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), durante una conferencia de prensa que tituló "La transparencia es regla de oro"; por otro, ha habido tropiezos en este tema, en aspectos como la promesa de que todos los miembros del gabinete harían públicas sus declaraciones patrimoniales.

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Para el investigador de la UNAM Ernesto Villanueva, el país está en un proceso en el que todavía no acaba de morir la cultura de la opacidad, pero, al mismo tiempo, existe la voluntad del presidente de que haya un cambio.

"En el gobierno anterior, la opacidad era completa, es decir, había una armonía desde arriba hasta abajo en la opacidad, pero no había como hoy un presidente expresamente comprometido, que está buscando que haya transparencia", dice.

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Los claroscuros

Entre las señales positivas en este terreno los expertos ven —además de la apertura de los archivos del CISEN— acciones como la difusión de los audios del vuelo en el que murieron la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, o bien, la orden de que todos los miembros del gabinete den a conocer sus bienes y los de sus familiares.

Por el contrario, hay puntos como el manejo de los recursos del Fondo de Transición o la licitación para la compra de pipas de gasolina en los que persiste la falta de claridad.

"Hay gestos de transparencia muy sonoros, como el total acceso a los archivos de CISEN, pero hay que prestar más atención en consideraciones cotidianas", considera Alejandra Ríos, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Para ella y otros expertos, la transparencia es una herramienta de combate a la corrupción y un mecanismo para la rendición de cuentas. Por ello, es necesario que se genere información y que la misma esté al alcance de los ciudadanos.

Los especialistas analizan el caso de las conferencias de prensa matutinas de López Obrador, en las que de lunes a viernes el presidente habla casi sobre cualquier tema, pero en ocasiones no cuenta algunas con los datos precisos que se le solicitan.

"(En ellas) se brinda cierta información y se trata de explicar algunas de las decisiones que se han tomado, distinto a lo que se había hecho, pero no deja de tener algunos riesgos, dado que se centraliza toda la información en la figura del presidente. De ninguna manera esta forma de comunicar debe sustituir la producción de información", señala Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.

El papel del INAI

En medio de la discusión sobre la transparencia en el gobierno, López Obrador ha emprendido ataques contra el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), un organismo autónomo al que ha acusado de tener un presupuesto excesivo y ha tachado de " burocracia dorada ".

El mandatario incluso lo acusó de ocultar información del caso Odebrecht, sin considerar factores como que originalmente la instancia que reservó la información sobre ese asunto fue la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General) y que el INAI al final ordenó abrir la información correspondiente, al concluir que es de interés público.

"Al INAI lo están atacando más de lo que se merece, sí creo que probablemente hay una ventana de oportunidad para reestructurar la institución y hacerla más eficiente (…) pero creo es una institución que deberíamos defender y proteger. Si uno evalúa la situación del acceso a a la información, desde 2003 al día de hoy, a pesar de las deficiencias que aún arrastramos, nos hemos transformado", dice Ríos.

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De parte del INAI también ha habido resoluciones que ordenan al gobierno, por ejemplo, transparentar información sobre posibles actos de corrupción en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o sobre el destino de los recursos del Fondo de Transición.

En ese contexto, los expertos consideran que el INAI es un instituto perfectible, debe reconfigurarse y puede reducir sus gatos, pero no avalan que se le desaparezca o se limiten sus facultades.

"Creo que es importante echar un vistazo al funcionamiento de los autónomos y ver cómo pudieran mejorar el desempeño, su cercanía con la sociedad, hacer una reingeniería; es cierto que son costosos, es cierto que no siempre dan los resultados que esperaríamos, pero de ahí a generar una crítica sin contar con las herramientas precisas, me parece que no es saludable en una democracia", dice Morales.

Episodios de tensión

A lo largo de los últimos meses, estos han sido algunos de los episodios en los que el tema de la transparencia ha generado tensión en el círculo de López Obrador.

Reclamos al INAI. Desde la campaña y durante el periodo de transición, el presidente acusó que el INAI forma parte de una "burocracia dorada", que sus comisionados ganan mucho y que la institución recibía bastantes recursos sin que hubiera contribuido a combatir la corrupción.

Fondo de Transición. El gobierno no ha dado a conocer cómo empleó los 150 millones de pesos de ese fondo. En actos públicos, López Obrador dijo que serían destinados para pagar a quienes realizan el Censo del Bienestar y para otros proyectos. Al respecto, el INAI ordenó a Banjercito y a Hacienda dar a conocer la información.

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Declaraciones patrimoniales. El presidente ordenó que todos los altos funcionarios hicieran públicas sus declaraciones. Hasta el momento, la mayoría ha cumplido, aunque en algunos casos a regañadientes o con dudas de por medio, como ocurrió con Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, y Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes, de quienes se reveló que tienen departamentos en Estados Unidos que no habían dado a conocer.

Caso Odebrecht. El presidente acusó públicamente al INAI de ocultar información sobre este escándalo de corrupción. Sin embargo, el instituto no es el que proporciona la información, sino los sujetos obligados —en este caso la PGR—, y si bien al principio avaló la reserva de información, después abogó por el interés público y en varias ocasiones ordenó a dependencias que proporcionaran información.

Corrupción del NAIM. El INAI ordenó recientemente a la Oficina de la Presidencia dar a conocer los documentos que sustenten la falta de elementos para denunciar posibles actos de corrupción en torno a la construcción del NAIM, que se realizaba en Texcoco.

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La compra de pipas. Pese a que en su discurso del 1 de diciembre en el Zócalo López Obrador afirmó que "las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU", la compra de pipas para regularizar el abasto de gasolina no cumplió con estos requisitos. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que persiste la falta de claridad en la adquisición .

Los audios del vuelo de Martha Erika Alonso. El presidente aseguró que habrá "transparencia completa" en las investigaciones sobre el desplome del helicóptero de la gobernadora. Después, Comunicaciones y Transportes difundió el último audio del vuelo, que originalmente había sido reservado. El secretario Jiménez Espriú dijo que se trató de una confusión.

Los archivos del CISEN. El 1 de marzo, el Ejecutivo ordenó abrir los archivos del CISEN relacionados con corrupción, violaciones a derechos humanos y persecución política.

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