Peña Nieto defiende la Ley de Seguridad Interior, que pronto discutirá la Corte

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El presidente Enrique Peña Nieto defendió este martes la Ley de Seguridad Interior y sostuvo que, mientras no se aplique, México seguirá en deuda con las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención en la ceremonia de entrega de Condecoraciones, Menciones Honoríficas y Reconocimientos a miembros de las Fuerzas Armadas, Peña Nieto aplaudió la labor que han hecho el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en seguridad pública.

"Habría sido inconsistente seguir demandando a nuestras Fuerzas Armadas que coadyuvaran a la seguridad interior sin dotarlas de un marco legal que le brindara certidumbre jurídica a su actuación", justificó el presidente sobre la propuesta que impulsó su administración.

Por eso, agregó, era necesaria la Ley de Seguridad Interior, promulgada en diciembre de 2017 y cuya constitucionalidad discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 12 de noviembre.

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"Estoy convencido de que estaremos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, mientras en nuestro país no se aplique la Ley de Seguridad Interior”, sentenció.

Peña Nieto confió en que el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , siga apoyando a las Fuerzas Armadas.

¿Qué es la Ley de Seguridad Interior?

Fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de diciembre de 2017 y se describe como una ley que "regula y dota de certeza jurídica la actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas durante amenazas a la seguridad que rebasan las capacidades de las autoridades locales”.

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¿Por qué la revisará la SCJN?

Legisladores de oposición, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovieron ante la Suprema Corte al menos siete impugnaciones contra la ley, al considerar que posibilita violaciones a libertades y derechos básicos de los mexicanos, como ejecuciones extraoficiales y desaparición forzada.

Con base en ello, la Corte discutirá —dentro de seis días y a tres semanas de que el gobierno de Peña Nieto concluya—, la constitucionalidad de la Ley.

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