La consulta sobre el NAIM prepara el terreno para el gobierno de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) carece de los elementos legales para ya ser considerada como un acto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sí prepara el terreno para una de las primeras decisiones que el hoy presidente electo tomará a partir de que asuma el poder el 1 de diciembre.
Así lo consideran analistas consultados por ADNPolítico, quienes advierten que el ejercicio convocado por el futuro mandatario y la decisión que se tome a partir de él —la continuación o cancelación de esta obra de infraestructura— tendrán consecuencias políticas y económicas para el país.
La consulta arranca este jueves en medio de polémica. Por un lado, López Obrador, su equipo de colaboradores, Morena y sus seguidores la presentan con un intento por conocer la opinión de la ciudadanía mexicana sobre un megaproyecto. Por otro, políticos de oposición, líderes empresariales y comentaristas señalan que está fuera de la ley y que tiene un diseño sesgado que favorece la opción de que se cancele el NAIM y se amplíe la base aérea de Santa Lucía.
Aquí presentamos un panorama de este ejercicio, que se lleva a cabo a poco más de un mes de que el fundador de Morena inicie su sexenio.
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¿Es una decisión de gobierno?
López Obrador tomará protesta el 1 de diciembre, por lo que la consulta todavía no tiene la formalidad para considerarse como un acto de su administración, dicen los analistas, quienes agregan que el objetivo del ejercicio es dar legitimidad a una futura decisión polémica.
"Esta consulta va a servir como base para que él tome una decisión que está en su marco de acción, pero más bien, lo que está construyendo es un espacio político que le permita tomar precisamente esa decisión una vez en el gobierno”, considera Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey (ITESM).
Para Alberto Olvera, investigador de la Universidad Veracruzana (UV), la falta de apego de la consulta a los términos establecidos en el artículo 35 de la Constitución hace cuestionable la forma en la que se aplicará este ejercicio.
"Es un acto simbólico y por tanto es un acto político, meramente político; por tanto, los resultados pueden ser manejados al gusto del convocante. Es decir, Andrés Manuel puede hacer con los resultados lo que él juzgue políticamente conveniente", señala.
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¿Qué consecuencias se pueden esperar?
Los resultados serán vinculantes, según López Obrador. Por ello, se prevé que días después de que se den a conocer —lo que posiblemente ocurrirá la noche del domingo 28 de octubre—, se anuncie la decisión sobre qué pasarán con el NAIM.
Ante ello, los analistas advierten dos posibles escenarios: uno con consecuencias políticas y otro con consecuencias económicas.
El historiador y politólogo José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que, de continuar con la obra en Texcoco, el impacto se reflejaría en los seguidores del morenista, muchos de los cuales exigen la cancelación por potenciales costos y daños ambientales.
"Su seguidores se sentirían un poco defraudados, dirían: 'Cómo nos dijeron que era inviable, que era un desastre'. Si no es Texcoco, si es Santa Lucía, pues habría costos económicos", considera.
En cuanto a este último rubro, el posible impacto económico, López Montiel estima que los efectos serían inmediatos, con consecuencias como alzas en las tasas de interés, caídas en las evaluaciones de las calificadoras hacia México y en la confianza de los inversionistas, y costos generados por la cancelación de los contratos ya firmados.
"El tema es qué tipo de costos son los que él quiere pagar. Yo creo que, más bien, él quisiera pagar los costos asociados a la cancelación del proyecto actual. ¿Por qué razón? Porque no son compromisos que él hizo, no son compromisos que él esté dispuesto a honrar", señala.
Frente a preocupaciones expresadas por líderes empresariales y bancos, esta misma semana López Obrador aseguró que no hay motivos para temer a la consulta y a la decisión que se tome con base en ella.
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¿Será un ejercicio inédito?
No es la primera vez que López Obrador hace una consulta de este tipo, pues cuando era jefe de gobierno capitalino, a mitad de su sexenio (2000-2006), buscó vía telefónica la opinión de los ciudadanos sobre las acciones de su administración.
Según Olvera, en los estados también se han realizado ejercicios de esta naturaleza, pero ante los malos resultados, los precedentes en el país son negativos.
"Una consulta mal hecha no conduce a ningún resultado positivo, de tal forma que esta nueva consulta plantea la necesidad de darle seriedad, legalidad e institucionalidad a este tipo de ejercicios, para que realmente contribuyan a la democratización de la vida pública", considera.
En el caso particular de la consulta que arranca este jueves, Crespo cuestiona la poca representatividad que podrá tener —con menos del 1% del electorado total—, la concentración de mesas de votación en municipios afines a Morena y que quienes la organizan ya hayan manifestado su respaldo hacia el proyecto de Santa Lucía.
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