Ingresos y gastos irregulares 'manchan' a los Cendis del PT en Aguascalientes
El manejo del Partido del Trabajo (PT) a sus Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) no solamente levanta cuestionamientos en Nuevo León. También lo hace en Aguascalientes, donde una auditoría de la actual administración estatal pone en duda tanto sus fuentes de ingreso como sus gastos.
La revisión, elaborada por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), revela que la asociación civil Educación Inicial Sierra Fría —a la que pertenece el dirigente local del PT, Héctor Quiroz García, y la cual administra tres Cendis en la entidad— ha tenido ingresos irregulares por cuando menos 77.2 millones de pesos.
Dicho monto corresponde a entradas dudosas detectadas por el IEA en 2014 y 2015, según la auditoría a la que Expansión tuvo acceso.
En 2014, por ejemplo, la asociación civil reportó ingresos por un total de 63.6 millones de pesos. De ellos, 43 millones de pesos fueron de los recursos públicos federales y estatales que le transfirió el instituto, que advierte que carece de información suficiente sobre el origen de los 20.6 millones de pesos restantes.
Los estados de cuenta entregados a la autoridad únicamente señalan que 11 millones de pesos correspondieron a “vencimiento de inversiones”, 8.3 millones de pesos a “traspaso entre cuentas” y 1.1 millones de pesos a “otros depósitos”.
Una situación similar fue detectada durante 2015. Ese año, la asociación civil reportó ingresos por 121.6 millones de pesos, de los cuales el IEA reconoce haber transferido 65 millones de pesos de recursos públicos.
Sin embargo, los 56.6 millones de pesos restantes también son atribuidos a conceptos genéricos como “vencimiento de inversiones”, “traspaso entre cuentas”, “reembolso de nómina” y “rendimientos de inversión”.
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Transferencias cuestionadas
Los tres Cendis que Educación Inicial Sierra Fría administra en el estado se encuentran en los municipios de Aguascalientes —la capital—, Calvillo y San José de Gracia. Para operarlos, la asociación civil ha recibido 179 millones de pesos de recursos públicos desde 2009 hasta este año.
Pero además de tener ingresos adicionales de fuentes dudosas a lo largo de este periodo, la organización ha incurrido en otras irregularidades.
La auditoría del IEA señala que en 2014, por ejemplo, la asociación civil transfirió 1.4 millones de pesos a la preparatoria José Vasconcelos, de la que fue director el exdiputado local del PT Jesús Rangel, hoy militante del partido Movimiento Ciudadano (MC).
Educación Inicial Sierra Fría reportó entonces que la operación fue para “apoyo a la educación”, aunque por ley los Cendis y la preparatoria no podían transferirse dinero entre sí.
Cuestionado sobre el asunto, Rangel dijo en entrevista que los recursos transferidos no eran de las estancias infantiles, sino que fueron gestionados por la asociación civil ante las autoridades federales.
“Sí se transfirió, pero no era dinero de los Cendis. A nivel federal se gestionó como un proyecto educativo para la preparatoria. Lo que pasa es que se gestionaba dinero con un solo concepto. No se diferenciaba si era para educación superior o para educación inicial. Era de la SEP (Secretaría de Educación Pública), directamente, a través de la Secretaría de Hacienda”, señaló.
Según Rangel, el plantel abrió sus puertas para atender a jóvenes de escasos recursos, pero tuvo que cerrar en el mismo 2014 debido a falta de recursos.
Deudas, compras, viajes...
Otras irregularidades fueron detectadas en 2015, cuando Educación Inicial Sierra Fría reportó haber pagado 19.3 millones de pesos en sueldos, sin comprobar haber cubierto las cuotas correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La asociación tampoco presentó su declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que entonces representó un adeudo con el fisco por 28.5 millones de pesos, y destinó más de 30 millones de pesos a conceptos como la compra de vehículos.
A raíz de este último punto, el IEA envió a Anastasio Humberto Sánchez Ortiz, representante legal de la organización y militante del PT, un documento con 17 recomendaciones en materia de ejercicio del gasto. Justamente, una de ellas era evitar adquirir automotores; otra, no dar cuenta de erogaciones bajo el concepto “gastos por comprobar”.
En 2016, además, el instituto estatal encontró que la asociación civil no hizo un uso adecuado de los recursos públicos que recibió, pues gastó en rubros como un viaje no justificado a Cuba para tres personas y el reembolso de un traslado México-Madrid.
El antecedente de Nuevo León
La auditoría del IEA concluyó en 2017, mismo año en el que el PT ha quedado en entredicho por el manejo de los recursos públicos que ha recibido para operar los 13 Cendis que creó en Nuevo León, al norte del país.
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A finales de octubre, distintos medios de comunicación que citaron fuentes oficiales dieron a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga el posible lavado de 100 millones de pesos destinados a las estancias infantiles.
Entre las personas señaladas en la indagatoria están el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya; su esposa, Guadalupe Rodríguez, y el líder petista Héctor Quiroz García. Este último incluso fue detenido por autoridades federales, aunque poco después pagó una fianza y ahora enfrenta un proceso penal en libertad.
Expansión intentó comunicarse con él en repetidas ocasiones para hablar del caso, pero no obtuvo respuesta a las solicitudes de entrevista.
Hasta ahora, los líderes del partido aseguran que los señalamientos en su contra son una represalia política del gobierno federal, que controla el PRI, por su alianza con Morena y Andrés Manuel López Obrador de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
En tanto, expertos en temas educativos advierten que el esquema bajo el que trabajan los Cendis —en el que el Estado transfiere dinero a particulares para que brinden servicios de educación inicial— carece de suficientes controles y no permite que se vigile el uso adecuado de los recursos del erario.
