Tras la muerte de su hermano, el fiscal denunció a la madre e hija y las acusó de supuesto homicidio por negligencia, lo que llevó a la detención de Cuevas en 2020.
Después de dos años encarcelada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el caso, la absolvió y ordenó su liberación en 2022.
Este miércoles presentó una denuncia formal ante la CIDH por considerar que, derivado de la acusación del fiscal, el Estado mexicano cometió graves violaciones a sus derechos humanos por encarcelarla de manera injusta.
"Cuevas estuvo encarcelada durante 528 días sin pruebas, sin juicio justo y bajo una figura jurídica inexistente: la de 'garante accesoria'", explicó en un comunicado.
Aseguró que su caso fue una "persecución impulsada por Alejandro Gertz Manero", quien utilizó su cargo como fiscal general para proceder penalmente en contra de ella y su familia.
"Utilizó su cargo para llevar a cabo una venganza personal con respaldo institucional. También fue criminalizada su madre, Laura Morán Servín, de 94 años, convirtiendo este caso en un ejemplo alarmante de violencia estructural contra mujeres adultas mayores y de afectación intergeneracional", sostuvo.
Cuevas solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad del Estado mexicano en este caso y emita recomendaciones y las medidas de reparación del daño.
"Que se garantice que ninguna otra familia sufra lo que ellos vivieron: un sistema que convirtió la justicia en castigo", agrega el boletín.