Los morenistas mencionaron que existen carpetas de investigación y órdenes de aprehensión en contra de algunas de estas personas.
Las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, ya que estos obtuvieron en la licenciatura de 7.0 a 7.93 y la ley establece que para ser contendiente al Poder Judicial debieron obtener mínimo 8.
“Hacemos del conocimiento de esa Autoridad Electoral Nacional, que dicha circunstancia fue apenas advertida de forma superviniente, mediante consultas hemerográficas, portales de medios de comunicación electrónicos y en redes sociales”, señalaron los legisladores.
Por lo anterior, solicitaron a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, proceder a la cancelación de los registros de esas 18 candidaturas para “preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país”.
En esta lista aparecen Fernando Escamilla Villarreal, quien fue abogado del capo Miguel Ángel Treviño Morales, "Z40", y el exministro de la Luz del Mundo Job Daniel Wong, quienes estarán en las boletas el próximo 1 de junio, debido a que este miércoles las millones de papeletas para la elección ya comenzaron a distribuirse en todo el país.
También está el exfiscal regional de Michoacán Francisco Herrera Franco, quien busca ser juez penal federal en esa entidad, con el lema “franco como la justicia”. De acuerdo con los reportes, presuntamente tiene vínculos con el crimen organizado y está relacionado con un caso de secuestro y de coacción a una comunidad mazahua.
Se encuentra el candidato a magistrado de circuito en materia penal por el primer circuito de la Ciudad de México, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, quien fue acusado de abuso sexual por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas.
Otro más es el candidato a juez de distrito en materia penal por el cuarto circuito de Nuevo León, Jesús Humberto Padilla Briones, quien en 2023 fue detenido con un arma de fuego y 17 dosis de droga.
Aunque él y dos acompañantes fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo y trasladados al Penal de Apodaca, en 2024 logró una suspensión condicional del proceso a su favor.