El compromiso número 92 de los 100 que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el primer día de su sexenio promete la limpieza de los ríos más contaminados de México: Lerma-Santiago, Tula y Atoyac.
La medida, coinciden especialistas en medioambiente, es necesaria, pero requerirá miles de millones de pesos y más de un sexenio para lograr que los ríos regresen a su forma más natural posible.
Esta estrategia forma parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, a cargo de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El problema es que estas dependencias tienen una disminución presupuestal real en 2025, de 39% y 43%, respectivamente.
Otros organismos que están vinculados a la estrategia, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) o el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC) también cuentan con menos recursos: 24 y 12 millones de pesos menos, respectivamente.
Cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum también apostó por la limpieza de ríos, trabajo que continuó su sucesor Martí Batres. En esta estrategia se invirtieron, al menos, 1,132.8 millones de pesos para los ríos San Buenaventura, Magdalena, Eslava, Presa San Lucas, Remedios y el Gran Canal. Los trabajos fueron principalmente de saneamiento y los cuerpos de agua son menos extensos.
Sin embargo, sanear es una acción distinta a restaurar, que es lo que se busca en los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, explica una publicación del IMTA.
El saneamiento mejora las condiciones del agua, reduce la contaminación y asegura que el agua de los ríos cumpla los estándares de calidad. Se basa en el tratamiento de aguas residuales antes de su desembocadura en los ríos y en la limpieza de desechos sólidos.
En cambio, la restauración busca devolver un río y su ecosistema a su estado más natural. Busca recuperar la biodiversidad, las especies nativas, la vegetación y lograr un equilibrio ecológico.
Estos reclamos están presentes en México, jurídicos e informales. Grupos de habitantes han protestado frente a Semarnat para exigir que las autoridades resuelvan la contaminación de ríos o han interpuesto amparos.
De 2017 a 2024, el Poder Judicial ha revisado ocho amparos, interpuestos de manera separada, por la omisión de autoridades para erradicar la contaminación de los ríos Papaloapan, Los Perros y Santo Domingo, en Oaxaca. El río San Pedro, en Hidalgo; el Lerma-Santiago, el Tamasopo, en San Luis Potosí, y el río Sonora.
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 establece el saneamiento y restauración ecológica de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula. Una tarea titánica porque se trata de los cuerpos de agua más contaminados de México.
En sus aguas corre basura, metales pesados como cadmio, plomo, cobalto, mercurio, arsénico, zinc; desechos tóxicos, aguas residuales y descargas industriales.
Tan solo el Lerma-Santiago, el más largo del país con 708 kilómetros, atraviesa cinco estados: Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. El Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala estima que serían necesarios 14,000 millones de pesos para sanear este río.
El plan del gobierno considera la construcción de plantas de tratamiento de agua y la eliminación de descargas contaminantes.
La organización civil Greenpeace ha señalado que no basta con el uso de plantas de tratamiento, ya que, si bien eliminan material orgánico y retiran contaminantes y compuestos no biodegradables, no captan todos los químicos de las aguas descargadas por industrias.
“A pesar de que el agua sea tratada, si contiene sustancias químicas, al llegar a nuevos cuerpos de agua propician la contaminación tóxica, ya que muchas sustancias persisten y afectan tanto a la biodiversidad acuática como a las comunidades aledañas”, explica en el informe Ríos Tóxicos: Lerma y Atoyac.
Por ello, considera que, además del establecimiento de las plantas de tratamiento, se requiere una política eficaz, que realmente controle y evite que las industrias viertan sustancias tóxicas en los ríos.
Tras inspecciones entre 2015 y 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a 166 empresas por un monto conjunto de 71.3 millones de pesos por contaminar cuencas de los ríos Atoyac, Lerma, Santiago, Blanco y Sabinas. Y en días recientes clausuró de manera temporal a la empresa Ternium por descarga de aguas residuales en el río Atoyac.
Lo deseable es que cumplan la normativa ambiental y que las sanciones económicas sean equiparables al daño generado, explica Greenpeace.
Por ahora, los trabajos de Semarnat avanzan. Los primeros pasos han sido el recorrido de zonas y comunidades de los ríos para diagnosticar su situación, identificar descargas irregulares y la presencia de contaminantes. Las autoridades visitaron el río Zahuapan, en Tlaxcala, que forma parte de la cuenca del río Atoyac, y las plantas de tratamiento del río Lerma, en el Estado de México.
También han recorrido la presa Endhó, de la cuenca del río Tula, y se han reunido con comunidades de Hidalgo que denuncian afectaciones ambientales y de salud por la contaminación de la presa. Aquí también ha participado la Secretaría de Salud; realiza un análisis epidemiológico y estudios que determinen si la contaminación del agua incide en la prevalencia de enfermedades.
Aunque falta mucho para que este plan florezca, entre especialistas del sector hay esperanza porque los ríos están en la agenda pública.
