“La reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores generará jueces sometidos a los intereses de la política. Esto destruye no sólo la división de poderes, sino que desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado”, advirtieron las organizaciones.
Entre ellas, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C. (JUFED), la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas Asociación Civil (AMMJUM), Justicia Independiente, firmantes del desplegado distribuido entre los más de 54 mil trabajadores y cerca de 1,600 mil juzgadores.
De acuerdo con estas asociaciones, con la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, que hoy impulsan Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), “lo que realmente se pretende es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto”.
En su escrito los juzgadores denunciaron que para lograr esa remoción masiva durante casi seis años “hemos sido víctimas de calumnias, se nos ha amenazado e intimidado mediante un continuo discurso público de agresión verbal y odio”.
“En este momento en que los integrantes del poder judicial de la federación somos perseguidos, exhibidos y presionados ante el posible evento de perder nuestro trabajo, nuestra vida profesional y afectar a las familias de más de 54 mil trabajadores de nuestra institución. De cara al pueblo de México expresamos enérgicamente: es falso que 1, 700 juzgadores federales seamos corruptos.
“Es falso que representemos élites o ideas conservadoras; la gran mayoría de las personas juzgadoras provenimos del pueblo y hemos estudiado en instituciones públicas. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado, amparamos hoy y siempre al perseguido sin pruebas, con el Derecho como fundamento”, expusieron.
Se dice –insistieron- “que estamos subordinados a las élites financieras y que somos un poder corrupto. Nuestro trabajo es controlar el poder arbitrario que se ejerce fuera de la ley y ese es el motivo principal para tratar de desaparecer al Poder Judicial Federal (…) al no ceder a las exigencias de subordinación de los otros dos poderes, hemos recibido como respuesta este intento de destitución masiva”.
En cambio, “nuestro poder (es) interpretar leyes, condenar delincuentes cuando existe debido proceso y pruebas. Usamos la palabra sustentada en el derecho para proteger al gobernado, de policías, fiscalías y cualquier autoridad arbitraria. No defendemos ideologías ni propias ni ajenas”, atajaron.
En su posicionamiento los jueces y magistrados refutaron además que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México.
Y defendieron la forma en que realizan su trabajo al asegurar que, contrario al sondeo que realizó Morena sobre el Poder Judicial, “las encuestas reales señalan que el servicio público de impartición de justicia que llevamos a cabo en el año dos mil veintitrés arrojó que el 97% de quienes lo necesitaron, estuvieron satisfechos con ese servicio que se les brindó en los Tribunales y Juzgados Federales y con las sentencias que se emitieron en los casos que estuvieron involucrados”.
Protesta en el Poder Judicial
Trabajadores y mandos del Poder Judicial, jueces y magistrados se movilizaron ayer en las afueras del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para repudiar la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su posicionamiento denunciaron que la amenaza de cesarlos busca como fin acabar con la independencia del Poder Judicial de la Federación.
“Lo que realmente se pretende es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto”, expusieron en pronunciamiento público.
El magistrado Mauricio Barajas Villa, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, señaló que se prepara una estrategia para frenar la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
"La primera vía será acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento, la hoy inminente reforma constitucional en cuya pretensión principal se encuentra la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano de la Unión como es el judicial; se trata de contener, revertir y reconducir por cauces racionales una reforma", dijo Barajas Villa ante medios de comunicación.
"En otra acción también jurídica se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión", abundó.
