Guillermo Aguilar Mena murió en noviembre de 2017, y sus hijas Alma y Elisa decidieron enterrarlo en el Panteón de San José Iztacalco, donde seis años después, tras una visita realizada en el Día del Padre, no hallaron su tumba; en su lugar estaba una lápida de una mujer fallecida en 2022.
Este hecho fue el comienzo de un calvario para las hermanas que exigen a las autoridades del cementerio les respondan a dónde fueron a parar los restos de Guillermo.
Elisa relata que se firmó un contrato con el panteón en el que se estipuló que el cuerpo de su padre debía estar ahí hasta 2024, por el que se determinó el pago de 150 pesos aproximadamente cada año: “No supimos qué pasó, si estaba encimado en la señora que está ahí, si sus restos fueron profanados, si se vendieron a los santeros”, relata a Expansión.
Comenta que los funcionarios administrativos del panteón civil les respondieron que “ellos acababan de llegar”, porque los anteriores fueron destituidos por irregularidades.
En ese entonces, el administrador del panteón, identificado como Enrique Lira, aseguró que iba a ayudar a las hermanas a ponerse en contacto con el sepulturero responsable, algo que no ocurrió.
La familia de Guillermo interpuso una demanda penal el 8 de julio ante la Fiscalía de la alcaldía Iztacalco, donde la titular, Anabell Martínez Garcílazo, ordenó diligencias para establecer qué ocurrió.
En la primera que se realizó el 14 de agosto, acudieron las hermanas Aguilar y otros familiares de don Guillermo, su representante legal, además de policías de investigación, una Ministerio Público, el director del panteón, Eduardo Zepeda, representantes de la alcaldía Iztacalco y de la Coordinación de Panteones del gobierno de la Ciudad de México, así como peritos y familiares de la mujer que yace en la tumba encimada.
En ésta, los trabajadores hicieron una zanja del lado incorrecto, sin embargo, hallaron partes del sistema óseo, pero no un cuerpo completo, por lo que Martínez Garcílazo solicitó llevarlo a revisión para que se realizaran análisis de ADN.
En la segunda diligencia que se realizó el 2 de septiembre, la zanja ya se hizo en el lugar y se encontró “una posible pared de la tumba”; sin embargo, no es determinante para saberlo. Hasta el momento no se tiene previsto realizar una próxima diligencia, aunque el proceso legal sigue en marcha, en el que se tiene prevista una demanda administrativa de la mala gestión del panteón.
“Lo que quiero es que se haga justicia, que el gobierno se haga responsable y que las autoridades asuman su responsabilidad, porque no respetaron los siete años que tenía que estar enterrado mi padre”, dice la joven.
De acuerdo con un documento al que tuvo acceso Expansión, se detalla que la Fiscalía de Investigación en Iztacalco envió al Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento (Adevi), a Elisa, mientras que la segunda referencia tiene fecha del 23 de octubre, es decir, dos meses después.
Expansión buscó vía telefónica a las autoridades del Panteón San José Iztacalco, que pertenece al sector público de la Ciudad de México, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.
A pesar de que aún no se sabe qué ha pasado con los restos de Guillermo, existen una serie de leyes que sanciona hasta con cárcel el robo de restos humanos en los panteones.
El Código Penal Federal establece una pena de tres días a dos años de prisión y una multa de hasta 90 días a quien exhume un cadáver sin los requisitos legales o con violación de derechos.
Además, el artículo 280 bis detalla que se impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de 500 a 1,000 días multa, a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcial el cadáver o restos humanos de una persona no identificada, sin autorización de las autoridades competentes en la materia.
Además, el artículo 281 establece de uno a cinco años de prisión:
