Esta resolución obligaba a la SEP, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), a la Subsecretaría de Educación Básica y a la Dirección General de Materiales Educativos a comprobar que el rediseño siguió el procedimiento legal.
También le exigía someter a consulta de especialistas y gobiernos estatales los nuevos libros de primaria y secundaria antes de distribuirlos. En caso de no comprobar que hizo estas acciones, debía detener la entrega y utilizar los materiales anteriores.
Sin embargo, las dos dependencias se negaron a proporcionar copias de los ejemplares, por lo que la jueza resolvió el 29 de junio que había desacato de ambas dependencias.
Aunque la SEP impugnó esta resolución, todavía no se ha dictado sentencia, por lo que tendría que acatar el ultimátum impuesto este 31 de julio.
“Se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la suspensión definitiva dictada en autos. En consecuencia requiérase a la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para que dentro del término de 24 horas, acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada”, resolvió la jueza.
La SEP dice que no ha sido notificada
Por su parte, la SEP informó que ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y se encuentra en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos (sintéticos) que han constituido la base para la elaboración de los nuevos libros de texto.
Además dijo que hasta el momento, "no ha sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy diversos medios de comunicación" y que en cuanto suceda se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación.