Sin embargo, consideró aceptable la propuesta que hoy lanzó el excanciller Marcelo Ebrard, para dar transparencia a los recursos empleados en el proselitismo dentro del proceso para elegir “coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación”, y consistente en abrir cuenta bancaria a nombre del partido para recibir aportaciones.
Aunque el aspirante mencionó hasta 5 mil pesos, Delgado sostuvo que “el monto que puede recibir de manera personal al partido, el límite que hay para personas físicas al partido puede ser un buen referente para ello”.
Ese límite, para este 2023, es de aportaciones individuales de hasta 2 millones 148,166 pesos máximo y, en total, como partido, este no debe recibir más de 118 millones 720,329 pesos de todos sus simpatizantes durante todo el año, según aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE).
Delgado Carrillo informó en conferencia de prensa que su partido analiza reglas adicionales.
“Estamos buscando una fórmula que asegure transparencia y equidad en el uso de recursos y nos proteja de una posible intervención indebida de la autoridad electoral o de otras fuerzas políticas”, explicó.
Tras la queja que Movimiento Ciudadano interpuso por adelantar los tiempos de la elección de 2024 , Morena busca blindarse y Delgado Carrillo, contrario a su dicho durante semanas, corrigió hoy y aseguró que el Consejo Nacional de su partido no emitió ninguna convocatoria a nada, fue sólo un acuerdo.
Además admitió que se entregará a cada “corcholata” el listado de planteamientos para sujetar sus mensajes a lo que marca la ley.
Son “recomendaciones para sus recorridos (y aclarar que) no están buscando a una candidatura a nada, no están en campaña”.
Según expuso, dado que no es proceso para buscar candidaturas, sino para organizarse como partido, Morena “está blindado” y ni el INE ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pueden intervenir.
Esa es la razón también por la que Morena no va a financiar el activismo de las corcholatas.
“Decidimos no dar financiamiento… estamos absolutamente blindados de la intervención de la autoridad electoral porque tenemos derecho constitucionalmente a la autoorganización y también estamos protegidos por la Ley de Partidos para tomar nuestras propias decisiones y tomar la ruta en nuestros asuntos internos y órganos de dirección”, reconoció.
“Dar financiamiento a estas actividades pudiera abrir la puerta a la fiscalización y desde ahí pudiera haber un sabotaje a este proceso”, argumentó.