La iniciativa "Que los más ricos paguen", impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil, ha sido presentada este lunes con el objetivo de que haya justicia fiscal y México deje de ser uno de los países con menor recaudación de impuestos.
"Que pague más quien más gana y que reciba más quien menos tiene", expuso en conferencia Diego Merla, coordinador de justicia fiscal en Oxfam México.
El objetivo principal de la iniciativa es modificar el artículo 31 de la Constitución, para incluir la progresividad en el sistema fiscal, de modo que cuanto mayor sea el ingreso de una persona, mayor porcentaje aporte al dinero público.
A través de videollamada, Máximo Jaramillo, cofundador del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (InDesig), detalló que en los últimos años apenas ha aumentado la recaudación en México, que es del 16 % del producto interno bruto (PIB), mientras que en Brasil se recauda un 32 %, y en países que tienen mayores niveles de pobreza como Bolivia, Honduras o Nicaragua la cifra es de 24 %.
Además, detalló que el sistema fiscal mexicano no redistribuye. "Eso implica que la desigualdad económica no se reduce", dijo.
"Hay esfuerzos recientes pero ¿qué sigue? Es innegable que ha habido avances, como cobrar a grandes deudores, pero no ha sido suficiente. Apenas han aumentado ingresos por impuesto, solamente un 2 % con respecto a 2018. Será urgente en el futuro hacer una reforma fiscal", completó.
En la conferencia estuvo presente también María Clemente, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una de las diputadas que apoya la iniciativa.
"Nos sumamos porque es una de las causas que nuestro partido ha prometido proteger", dijo.
"Es muy justo que ellos paguen más y de eso trata la progresividad. Es importante que en este quinto periodo de esta legislatura que se discute el presupuesto, que esta iniciativa llegue y la vamos a acompañar en las comisiones en el presionar a todos los políticos", terminó.
La iniciativa, que ya ha sido presentada, tiene ahora que turnarse a comisión o comisiones. A continuación se pasaría al pleno de la Cámara de Diputados para que se discuta y se apruebe. Por último, se enviaría al Ejecutivo, que puede vetarla o aprobarla.
