Después de la muerte de la tragedia en Ciudad Juárez, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló hoy que retener por más de 36 horas a personas migrantes en estaciones migratorias, se considera un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento prohibido por el artículo 21 constitucional.
La autoridad destacó que en amparo indirecto promovido contra la privación de la libertad de personas migrantes por un lapso mayor al periodo señalado, procede la suspensión de oficio y de plano.
Las suspensiones tienen el propósito de que las personas migrantes sean puestas en libertad inmediatamente al cumplir ese plazo y continúen con el trámite administrativo correspondiente, indicó el Consejo de la Judicatura.
La autoridad explicó que el “aseguramiento, alojamiento y/o detención” reclamado por la parte quejosa cuando se rebase el término máximo de 36 horas, “procede conceder la medida cautelar de oficio y de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, toda vez que debe considerarse como un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento”.
“Esta determinación se sustenta en el marco legal nacional e internacional que regula el fenómeno social migratorio en nuestro país, y tiene la finalidad de atender las disposiciones normativas y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas en su calidad de migrantes dada su especial situación de vulnerabilidad”, anotó.
“Dada la situación que padecen las personas migrantes en los centros de detención, este Pleno Regional considera necesario que dichas autoridades conozcan que si exceden las 36 horas de retención en cualquiera de las modalidades antes referidas, se considera un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento prohibido por el artículo 21 constitucional”, indicó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió este viernes los reclamos y exigencias por parte decenas de migrantes, quienes le demandaron justicia para los 39 migrantes fallecidos debido a un incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.
Decenas de migrantes al enterarse de la visita del presidente mexicano se manifestaron en un punto de la ciudad donde el mandatario sostuvo la reunión con autoridades migratorias y de salud.
Con el sonoro grito de "¡Justicia, justicia!", presionaron a López Obrador y le mostraron su inconformidad. Además, en una enorme pancarta negra se leía el mensaje: "Ninguna persona es ilegal".
Tanto niños, mujeres, jóvenes y hombres de diferentes países se reunieron en el lugar para abordar al mandatario mexicano.
Una de las inconformes fue Ana Paola, una niña de 13 años, originaria de Venezuela, quien tomó el micrófono para exigir justicia.
"Queremos justicia, por nuestros hermanos migrantes que perdieron la vida. Las autoridades abusan de nosotros, cuando llegamos a Matamoros (Tamaulipas) las autoridades migración nos detuvieron y nos quitaron nuestro dinero, por eso se apresuran en detener migrantes", denunció.
Posteriormente invitó a los demás a entonar el himno de Venezuela y cuando inició se le quebró la voz.
"Quiero dar un mensaje al presidente Joe Biden, él puso una aplicación, queremos que nos ayude a tumbar ese gobierno que tenemos (que preside Nicolás Maduro), nosotros queremos nuestro país y si queremos que quiten esa anarquía", expuso.
Otro de los asistentes fue el venezolano Joel Vargas, quien dijo a EFE que asistieron en solidaridad con los migrantes que murieron y sus familias.
"Yo estuve en ese lugar y es una cárcel. Pedimos que nos dé una opción de trabajo, este lugar es un puente mientras cruzamos a Estados Unidos y no queremos hacer daño", dijo.
Tras la reunión del mandatario, los migrantes llevaron a cabo una conferencia de prensa en el exterior de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), lugar donde se registraron los hechos del incendio hace unos días.
"Yo entiendo por qué se fue el presidente, entiendo que está asustado, son 39 seres humanos que murieron aquí. Nosotros nos solidarizamos y pedimos a usted señor presidente que asuma su responsabilidad y se haga justicia", dijo Juan Pavón, de Venezuela.
Este viernes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, anunció que la estación de detención en la que murieron 39 migrantes cerrará de forma definitiva.
Por su parte, la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, señaló que las cinco personas detenidas hasta el momento como presuntos responsables se encuentran en prisión provisional y enfrentarán una audiencia de imputación y vinculación a proceso el próximo martes, después de que fue aplazada este viernes.
Estas cinco personas detenidas son tres funcionarios del INM y dos agentes de la empresa de seguridad privada CAMSA, que operaba la estación migratoria.
La noche del pasado lunes un incendio acabó con la vida de 39 personas, de las cuales seis eran hondureños, siete salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y siete venezolanos. En la estación había cerca de 70 migrantes. De los 28 heridos, 24 permanecen hospitalizados y cuatro fueron dados de alta.
-Con información de EFE.
