#Crónica | García Luna, ¿trabajador a sueldo de narcos o enemigo de las drogas?
Los miembros del jurado del caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna continuarán sus deliberaciones el próximo martes.
La Fiscalía estadounidense concluyó esta semana su acusación al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, al que durante cuatro semanas dibujó, con la ayuda de una veintena de testigos, como un agente a sueldo de los narcos, que ayudaba y protegía al Cártel de Sinaloa.
Como contrapunto, la defensa del expolítico mexicano insistió en la integridad de su cliente y recordó la guerra que lanzó contra el negocio de la droga entre 2001 y 2012 cuando ocupó los cargos de director de la Agencia Federal de Investigación de México, primero, y de secretario de Seguridad Pública después.
Sus abogados también insistieron en la ausencia de pruebas físicas, como grabaciones o fotografías, e intentaron desacreditar los testimonios, tanto de sicarios y narcotraficantes, como de exfuncionarios corruptos o a antiguos policías; a todos ellos les acusó de actuar para conseguir reducciones de condenas o por rencor hacia su cliente.
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Los pagos del Cártel de Sinaloa
A través de varios testimonios, sobre todo los de los narcotraficantes Sergio Villarreal Barragán, alias "El Grande" y Oscar Nava Valencia, alias “El Lobo”, la Fiscalía intentó convencer al jurado de que García Luna recibía un sueldo mensual que fue aumentando de 1.5 millones de dólares a 3 millones y al que se le sumaban pagos extras en casos de ayudas puntuales.
"Hay dos tipos de corrupción, la del que se voltea para un lado y deja pasar, y otra, la de los funcionarios que forman parte de las actividades de la organización", declaró “El Grande”, antes de aclarar que García Luna era de la segunda clase.
“El Grande”, apodado así por sus dos metros de altura, y que trabajaba a las órdenes del capo Arturo Beltrán Leyva, líder del clan de los Hermanos Beltrán Leyva, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, aseguró que ya antes de 2001 Arturo Beltrán sobornaba a García Luna, y que él estuvo presente en varias entregas.
El dinero se recaudaba a través de una colecta o "polla" a la que contribuían todas las facciones.
A cambio, García Luna, a quien los narcos se referían como "El Compa", "El Tartamudo" o "El Metralleta", estos dos últimos apodos por el trastorno del habla que padece, les ayudó a expandir el control del Cártel de Sinaloa por todo México, les ofreció información, apoyo y protección, incluida la designación de dirigentes policiales corruptos en zonas donde el cartel lo necesitara, siempre según el testimonio de Villareal.
Cuando subió a la tarima, “El Lobo” Valencia mencionó una contribución de 2.5 millones de dólares en 2006 a dicha colecta y otro pago de 5 millones en 2007 para que el entonces secretario de Seguridad Pública ayudara al Cártel a liberar un cargamento de cocaína de 20 toneladas descubierto en el puerto de Manzanillo, aunque la operación fracasó porque al final la mercancía fue incautada.
Pero además, aseguró que en 2008, cuando ya había estallado la guerra interna entre las principales facciones sinaloenses de los Beltrán Leyva, por un lado, y la de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por el otro, él pagó 3 millones de dólares a García Luna a cambio de seguridad.
“El Lobo”, que compareció vestido con uniforme carcelario, aseguró que esa protección era necesaria después de haber abandonado la facción de los Beltrán Leyva y haberse unido a “El Chapo”.
Otros testigos, como el contable del excapo mexicano Mario Pineda Villa, identificado como Israel Ávila, aseguró haber registrado más de 10 millones de dólares en supuestos pagos a la colecta común destinada a sobornar al exsecretario.
Asimismo, el exfiscal del estado de Nayarit, Édgar Veytia, alias “El Diablo”, incidió en que mientras la Policía Federal era fiel a “El Chapo”, en estados como el suyo, los agentes estatales y municipales podían estar a las órdenes de los Beltrán Leyva.
Pero más allá de criminales y corruptos, el expolicía Raúl Arellano Aguilera contó cómo los agentes federales que vigilaban el Aeropuerto de Ciudad de México en 2007 colaboraban con el trasiego de drogas y dinero, sobre todo, desde y hacia Latinoamérica y Estados Unidos.
Asimismo, el embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015, Earl Anthony Wayne, si bien reconoció que nunca había recibido información "específica ni creíble" de que García Luna fuera corrupto, apuntó que sí había sido informado de que los cuerpos de seguridad estadounidenses preferían no trabajar con la Policía Federal (bajo autoridad de García Luna) cuando se trataba de operaciones contra el Cártel de Sinaloa.
Una información corroborada por el agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) José Moreno, que contó cómo el 22 de febrero de 2012, 50 agentes de la Policía Federal frustraron una operación para intentar capturar al líder del Cártel de Sinaloa, El Chapo, llegando una hora tarde y comportándose erráticamente.
Un país corroído por el narcotráfico
Para un observador externo, el planteamiento de la Fiscalía no deja casi dudas de que se dibuja México como un país corroído por los cárteles de las drogas, más cercano a un narcoestado que a un sistema democrático.
La mención de políticos corruptos, policías comprados, campañas electorales sufragadas con el dinero de las drogas o periodistas y medios de comunicación a sueldo de los cárteles ha sido una constante en estas cuatro semanas de testimonios.
Ni siquiera el expresidente Felipe Calderón, jefe directo de García Luna en el sexenio 2006-2012, se libró de aparecer en el juicio.
En su testimonio, “El Diablo” vinculó a Calderón con “El Chapo”, asegurando que en una breve conversación en 2009 con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, este le dijo que acababa de llegar de la capital de una reunión muy importante con Calderón y García Luna y que "la línea era El Chapo", con lo que entendió que debía "privilegiar a los Chapos y no a los Beltrán" como venía haciendo hasta ese momento.
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Deliberaciones continuarán el martes
Los miembros del jurado del caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna continuarán sus deliberaciones el próximo martes, después de que este viernes no hayan conseguido ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad o la inocencia del exfuncionario.
El jurado comenzó su deliberación el jueves a las 12.30 y tras no alcanzar hoy un veredicto, volverá a reunirse el próximo martes a las 9:00 local, debido a que el próximo lunes es un día festivo en Estados Unidos (Día de los Presidentes).
Hoy, sus miembros han vuelto a solicitar una decena de nuevas transcripciones de algunos de los testimonios escuchados desde el pasado 23 de enero, como aquellos relacionados con el supuesto secuestro de García Luna por parte del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, que fue mencionado por varios testigos.
Además, solicitaron los justificantes necesarios para sus trabajos, y un suplente pidió permiso para tener una llamada virtual.
Mientras el jurado deliberaba, fiscales, abogados y público se repartían entre la sala y las dependencias de los juzgados o en los alrededores del Tribunal a la espera de que se realizara una nueva solicitud o se anunciara el veredicto final, que debe ser unánime.
En una ocasión, la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y su hija Luna, salieron a la carrera de la cafetería hacia la sala, cuando el juez convocó a las partes para informarles de varias peticiones de miembros del jurado.
Como anécdota, el magistrado ordenó a los ujieres del Tribunal que ofrezcan alimentos apropiados a todos los miembros del jurado.
García Luna, de 54 años, se enfrenta a cuatro acusaciones de narcotráfico: participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad, conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.
También está imputado de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.
En cuanto a la primera imputación, los miembros del jurado tendrán que decidir, en caso de declararlo culpable, si García Luna en 2012 abandonó la conspiración en la que participaba, por lo que podría quedar absuelto de este cargo.