El morenista de Guanajuato hizo cuentas y demandó a sus compañeros de partido transparentar los gastos y exhibir las facturas con los pagos, en las que consten los meses contratados para la promoción de la jefa de gobierno.
”Dado que la dieta mensual de un legislador es de $75,000 y el aguinaldo fue de $140,000, hay una diferencia abismal entre los ingresos del mes de diciembre y el costo de la campaña publicitaria, también tendríamos que considerar los meses contratados”.
El martes cinco diputados de Morena se adjudicaron la contratación de las decenas de espectaculares distribuidos en todo el país, entre ellos Patricia Armendáriz, Miguel Torruco y la vicecoordinadora de la bancada, Aleída Alavez.
Reyes Carmona consideró que eso podría colocar en riesgo una eventual postulación de esa aspirante y causar posibles sanciones a Morena, aunque aclaró que él no promoverá una queja sobre el asunto ante el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo ante el cual la misma Sheinbaum envió una carta para deslindarse de la promoción.
También el diputado Daniel Sibaja, de Morena, cuestionó la validez de la promoción que realizan, entre otros el diputado Torruco, al que cuestionó en Twitter.
Entran en vigor reformas sobre promoción de aspirantes
Este miércoles entraron en vigor las reformas a la Ley General de Comunicación Social que son parte del "Plan B" electoral aprobado a mediados de diciembre por el Congreso y a través de la cual se relajan la promoción de logros de gobierno.
Lo anterior, luego de que con los cambios se decidió que “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Además se establece que no constituyen propaganda gubernamental "la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”.
Con ello, las mañaneras del presidente López Obrador y demás conferencias o publicaciones por redes sociales gratuitas de servidores públicos y aspirantes no se tomarán con promoción personalizada haya o no campañas electorales.
La oposición ha anunciado que promoverá acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues es el artículo 134 de la Constitución el que prohíbe propaganda personalizada de servidores públicos.
