La nacionalización del litio en México se formalizó esta semana con la aprobación de la reforma a la Ley Minera, primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado de la República.
La reforma levantó distintos debates, desde los políticos hasta los ambientales, pero hay uno que sigue siendo objeto de discusión y se trata de lo que está consagrado en la Constitución Política desde 1917 con respeto a la explotación de minerales.
Con la reforma a la Ley Minera se modifican los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera con la intención de considerar al litio como patrimonio de la nación, y así dejar su explotación y aprovechamiento en manos de una empresa del Estado.
Esto excluye a empresas privadas, nacionales o extranjeras, y por eso se habla una nacionalización de este mineral que es clave para la fabricación de baterías, por lo que ya es considerado "el oro blanco".
Sin embargo, legisladores —tanto de oposición como aliados del partido mayoritario, Morena—, han señalado que en la Constitución Política federal se encuentra consagrada la nacionalización del litio desde 1918.
De acuerdo con datos oficiales, México está en el lugar número 10 de los 23 países con reservas de este mineral, con el yacimiento más grande del mundo en el estado de Sonora.
La Constitución Política que nos rige fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el entonces presidente de la República, Venustiano Carranza.
Aunque ese documento fue publicado con modificaciones a la propuesta original presentada por Carranza, se considera que estaba "adelantado a su época", pues no solo daba paso a la democracia, las relaciones obrero-patronales y las reformas educativa y agraria, sino que también abarcó lo relacionado a la minería y extracción de recursos naturales.
Es por esta razón que senadores como Gustavo Madero, del Grupo Plural, refieren que desde 1917 todos los minerales son de los mexicanos, por lo que la reciente reforma solo "enfatiza" esta nacionalización y crea un organismo público regulador.
"Con la aprobación de las reformas a la Ley Minera no se pretende la nacionalización del litio, pues ya se encuentra consagrado en el artículo 27 de la Constitución mexicana; sin embargo, sí se trata de especificar el dominio pleno y exclusivo del Estado sobre este importante mineral", agregó la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo.
En el cuarto párrafo del artículo 27 de la Constitución Política federal —reformado por última vez en 1960— establece que:
"Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos (...)".
Ese párrafo incluye al litio. Además, en el párrafo sexto del mismo artículo se indica que el dominio de la nación es "inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal".
También menciona que el gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. "Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean", puntualiza.
