Las investigaciones, que concluyeron que la víctima supuestamente armó un escenario para quitarse la vida, estuvieron a cargo del entonces procurador Bernardo Bátiz, hoy consejero de la Judicatura, quien nombró a una fiscal para el caso.
Ochoa, quien trabajaba en el Centro ProDH, sufrió amenazas previas, se presentaron denuncias, tuvo mecanismos de protección, pero finalmente perdió la vida. En las investigaciones no se aplicó perspectiva de género, se violó el derecho a la integridad personal en perjuicio de la defensora y su familia, concluyó el Tribunal.
Por eso la Corte ordenó la reapertura de la investigación para determinar las causas de ese deceso, sancionar al o los responsables y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
También le obligó a crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará el nombre “Digna Ochoa y Plácido”, al igual que nombrar así a una calle tanto en la ciudad de Misantla, estado de Veracruz, de donde era originaria, como en la Ciudad de México.
En la sentencia notificada al Estado mexicano el pasado 19 de enero, como parte de las medidas de reparación la CIDH se ordenó al Estado mexicano a “diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos”.
Para la Corte “las mujeres defensoras de derechos humanos sufrían obstáculos adicionales debido a su género, siendo víctimas de estigmatización, siendo expuestas a comentarios de contenido sexista o misógino o sufriendo el hecho de que las denuncias presentadas por ellas no sean asumidas con seriedad. El Tribunal constató, adicionalmente, que este contexto de violencia contra personas defensoras de derechos humanos continúa en la actualidad”.
Por eso, consultado al respecto, el hoy senador Emilio Álvarez Icaza, quien fuera expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y quien también emitió una recomendación sobre el caso al entonces gobierno de la ciudad y su autoridad judicial, destacó que la sentencia del tribunal reivindica la memoria, nombre, trayectoria y lucha de Digna Ochoa y su familia, que peleó casi 20 años ese reconocimiento.
Entonces, se emitieron 30 recomendaciones sobre las falencias que se hallaron en la investigación, se plantearon líneas de investigación que la Procuraduría se negó a abrir y que ahora deberá hacerse, “espero no se haga una simulación”.
