Al primer semestre de este 2021, el actual gobierno federal ha otorgado 80.6% de los contratos a los principales proveedores del gobierno mediante adjudicación directa, destaca un estudio elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad, y citado por el diario Reforma este lunes.
De acuerdo con en análisis, elaborado por los especialistas Leonardo Núñez y Javier Martínez, este porcentaje corresponde a 55,691 contratos de asignación directa por un monto por 74, 639 millones de pesos.
“Este gobierno, tal como todos los anteriores, se resiste a dejar de utilizar a las adjudicaciones directas de un modo descontrolado. Y así, 8 de cada 10 contratos siguen siendo entregados sin procesos abiertos ni competidos”, destaca el estudio.
MCCI señala que de esa forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con su promesa de campaña de eliminar la asignación directa de contratos, como una de las medidas que ofreció en la lucha contra la corrupción, pues el gobierno federal mantiene la tendencia de hacer a un lado las licitaciones públicas.
El estudio, citado por Reforma, revela que de 2010 a 2018, en promedio el 79.6% de los contratos del gobierno federal fueron entregados de manera directa.
En el primer semestre de 2021, el seguimiento de contratos que hacemos desde @MXvsCORRUPCION muestra que 80.6% de las contrataciones del gobierno de @lopezobrador_ han sido por adjudicación directa.
— Leonardo Núñez González (@leonugo) July 5, 2021
Una nota sobre eso está hoy en la primera del @Reforma 👇🏽 pic.twitter.com/E6s5R92Mv0
"Nuestro seguimiento periódico de las compras de la administración federal ha mostrado que el gobierno de López Obrador continuó e intensificó el uso de esta práctica en 2019 y 2020.
"En los primeros seis meses de 2021, el 80.6 por ciento de los contratos y 35.6 por ciento de sus recursos han sido entregados por adjudicación directa", señalaron los investigadores en el estudio de seguimiento a las adquisiciones de la administración pública federal.
En 2020, MCCI ya había alertado que las adjudicaciones directas han sido y siguen siendo el mecanismo favorito para la entrega de contratos públicos, esto debido a que esta forma de contratación se utiliza en un promedio de 3 de cada 4 procedimientos de compra, arrendamiento o construcción de la administración pública.
MCCI también ha señalado que la adjudicación directa se acerca a convertirse en el mecanismo principal de asignación. Algo muy diferente a lo que la propia autoridad utiliza como un argumento para justificar el uso y abuso de esta figura.
Además de que ha hecho hincapié en que los problemas con las adjudicaciones directas son muchos y de diversas índoles: desde que la Constitución señala que deberían ser el mecanismo excepcional y que la regla debería ser el uso de la licitación pública; pasando porque eliminar las adjudicaciones directas es un objetivo legalmente vinculante colocado en el Plan Nacional de Desarrollo; hasta que muchos de los casos de corrupción del pasado y del presente se han aprovechado de esta figura para llevar los recursos públicos a lugares o manos indeseables.
