5 de cada 10 mujeres en prisión están acusadas de narco y encaran penas altas

Para el informe, se analizaron los datos sobre las personas presas en el fuero federal, aquellas que fueron detenidas en el marco de la llamada "guerra contra el narco", que comprende el periodo de 2006 a 2018.

ASILEGAL documentó que, para 2015, el 39% de los delitos por los cuales las mujeres se encontraban en prisión estaba relacionado con drogas, sobre todo en su modalidad de posesión y comercio ilegal, mientras que el 25% estaba por posesión de armas y el 15% por el secuestro.

Es decir, casi el 80% de los delitos cometidos por mujeres en fuero federal tuvo relación con las acciones tomadas para el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada durante más de una década.

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En los años previos a la "guerra", la mayoría de las mujeres presas enfrentaba cargos por delitos menores, como robo.

Respecto de los procesos judiciales y las penas, en muchas ocasiones las sentencias de las mujeres son acumuladas, pues tienen múltiples causas penales en su contra. Por ejemplo, delincuencia organizada casi siempre va acompañada de delitos contra la salud o secuestro.

Entonces, una mujer puede ser acusada por secuestro y posesión de armas o de drogas, por lo que sus penas son más elevadas y alcanzan de cuatro a 40 años, aun cuando su participación en los actos fue menor.

¿Quiénes son estas mujeres?

La organización expone en el informe que la comisión de delitos relacionados con el crimen organizado está vinculada a contextos de exclusión social, pobreza y violencia de género que las mujeres enfrentan a lo largo de su vida.

Tras revisar las cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016), ASILEGAL concluyó que el perfil de las mujeres privadas de la libertad por transportar drogas corresponde a mujeres con rezago educativo, en situación de pobreza y, por lo general, madres solteras.

Por edad, las mujeres privadas de libertad por delitos contra la salud, armas o secuestro tienen entre 18 y 40 años.

Otro patrón es que el 56% de las mujeres presas por estos delitos corresponde a personas solteras, mientras que las casadas o en unión libre constituyen el 44%. A esto se suma que el 96% dijo ser jefa de familia, por lo que extender sus procedimientos representa una mayor violación a sus derechos humanos.

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En cuanto a su situación laboral, las mujeres privadas de libertad por estos delitos recibían antes de su detención un salario promedio de 4,600 pesos mensuales y casi todas se desempeñaban en el sector terciario.

Las cifras también indican que el 98% de las mujeres en esta situación sabe leer y escribir, pero su nivel máximo de estudios es secundaria.

"Las mujeres se ven obligadas a incurrir en estas prácticas por todas las violencias y exclusiones que han sufrido a lo largo de su vida, violencias que se incrementan cuando son detenidas", señaló la periodista Daniela Rea en la presentación.

¿Y la Ley de Amnistía?

Al participar en la presentación, la diputada federal Martha Tagle (MC) reconoció que la Ley de Amnistía, implementada desde hace un año, no es lo que se esperaba.

"A un año de su aprobación, la Ley de Amnistía no ha dado los resultados que esperábamos quienes votamos por ella, no es realmente lo que se quería y no viene a resolver injusticias", expresó.

La legisladora también criticó que, mientras por un lado se pretende liberar a personas en prisión con esta ley, por otro se aprueba ampliar el catálogo de delitos que permitirán llevar a más personas a la cárcel.