La Ley de Amnistía se aprobó en abril de 2020, en el contexto de la pandemia en México con el argumento de liberar espacios en las prisiones y así evitar riesgos de contagios, pero esto no ocurrió y, por el contrario, aumentó el número de personas privadas de la libertad.
La
—de la Secretaría de Gobernación (Segob)— muestra que de noviembre de 2019 a noviembre de 2020, hubo 13,662 personas más privadas de la libertad en el fuero federal.Estas personas aumentaron la población en cárceles a 215,232 personas a nivel nacional, la cifra más alta de la que se tiene registro.
De acuerdo con el Observatorio de Amnistías, conformado por ocho organizaciones civiles, dichas cifras ponen en duda el reporte que presentado por el gobierno federal el 4 de febrero, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, en el que se indica que de abril de 2020 a enero de 2021 se otorgó la liberación anticipada a 3,322 personas que se encontraban en 273 centros penitenciarios del país.
En el reporte también se menciona que, en 10 meses, la Unidad ha recibido solo 1,115 solicitudes de amnistía en todo el país, de las cuales 175 son improcedentes por las características de los delitos y 769 no cuentan con la información completa sobre los casos para dictaminar y no se explica cuál es el estatus de las 171 solicitudes restantes.
En el Observatorio aseguran que conocen más de 700 solicitudes que han sido presentadas desde que la ley fue aprobada, pero no se les ha dado respuesta.
"En este año de pandemia era cuando más beneficios de preliberación se tenían que dar, y si vemos los números, en realidad (las liberaciones anticipadas) no aumentaron significativamente; de hecho, en los meses de la pandemia esto no ocurrió", dice en entrevista Sofía González Talamantes, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, organización que forma parte del Observatorio.
La activista explica que apenas el 13% del total de personas que están privadas de la libertad podrían obtener el beneficio de la amnistía, lo que corresponde, en promedio a 28,380 personas en el fuero federal.
¿Por qué aumentó la población en cárceles?
La medida cautelar de la prisión preventiva es clave en el aumento de la población penitenciaria en el último año. De acuerdo con Sofía González, hasta octubre de 2020 el 42% de las personas privadas de la libertad estaban en espera de una sentencia.
"Es muchísimo, porque estamos hablando de 90,000 personas que se encuentran sin ninguna sentencia. Y las personas que están en prisión preventiva son todavía más vulnerables, pues no pueden acceder a ciertos beneficios que están establecidos en la Ley de Amnistía", señala.
Una de las condiciones de la legislación es haber recibido sentencia y que sea la primera.
Enrique Bouchot, investigador del Programa de Justicia de la organización México Evalúa, recuerda, además, que para los delitos que son aplicables no hay mucha gente que pueda ser beneficiada:
- Aborto, cuando a nivel federal no está despenalizado.
- Delitos contra la salud (con al menos cinco condiciones).
- Usuarios de drogas que hayan poseído hasta dos veces la dosis máxima de consumo personal.
- Personas que pertenezcan a comunidades indígenas y no cuenten con un intérprete o defensor con conocimiento de su lengua y cultura.
- Robo simple sin violencia con pena máxima de cuatro años.
- Delito de sedición o formar parte de grupos de incitaran a la comisión de otros delitos motivados por ideas políticas para alterar la vía institucional. Se excluyen los actos de terrorismo, secuestro, homicidio o lesiones graves.
"En general son delitos del fuero común, y por ejemplo en lo aplicable a pueblos indígenas, eso para empezar no debería ser una amnistía, sino el reconocimiento de una violación a los derechos humanos", comenta el investigador en entrevista.
Bouchot coincide con Sofía González: el incremento de la población penitenciaria en 2020 se le atribuye a la prisión preventiva, porque al analizar los censos de impartición de justicia no se dieron más sentencias, ni condenas ni juicios.
"Parece grave que, en el año de la pandemia, la decisión sea enviar a las personas a un lugar en el que seguramente se van a infectar de COVID-19, cuando se les puede aplicar otros mecanismos", expresa el especilista.
El tema de la prisión preventiva, indica, puede resolverse con medidas como la portación de un brazalete electrónico y la obligación de acudir a firmar ante los juzgados. Esto sin tomar en cuenta que hay gente que ha cumplido más del 75% de su condena y podría acceder a la preliberación, "pero esto no está ocurriendo".
Impacto diferenciado
El investigador agrega que el uso de la prisión preventiva tuvo un impacto diferenciado, pues hubo más mujeres que hombres a las que se les dictó esta medida cautelar.
"La prisión preventiva en mujeres tiene un impacto más grandes que en hombres: reciben menos visitas, conviven menos tiempo con otras personas... y es mayor el porcentaje de mujeres que no reciben sentencia que el de hombres".
Además, el problema poblacional en las cárceles, señala Bouchot, no está en la federación, sino en los estados, que acumulan el 41% de personas en prisión preventiva.
Cifras de Documenta y de México Evalúa muestran que el aumento de las personas privadas de la libertad en el último año se dio más en las prisiones de:
- Coahuila (31%)
- Nuevo León (21.7%)
- Tlaxcala (18%)
- Chiapas (16%)
- Guanajuato (8.5%)
- Estado de México (8.3%)
- Ciudad de México (5.4%)
La Ley de Amnistía no es una medida de mitigación ante el COVID-19, no tiene un impacto real. Lo importante es que se hubiera reflejado a nivel estados.
Falta de información y de transparencia
El investigador de México Evalúa que otro factor por el cual la Ley de Amnistía no tiene alcances importantes es, en gran medida, por la falta de información de las personas privadas de la libertad.
El Observatorio de Amnistías denunció que el proceso de solicitudes y dictaminación se ha caracterizado por ser opaco, discrecional y poco claro. Es decir, el gobierno mexicano no cuenta con una base de datos que detalle el número real y la naturaleza de las solicitudes, así como su estatus, desglosadas por fechas de presentación, delitos de los que se tratan, fuero al que pertenecen, identidad sexogenérica, lugar de origen y las categorías de vulnerabilidad que la propia ley establece.
Es por eso que Documenta, Equis Justicia y Fábrica de bots, lanzaron el 2 de febrero a 'Libertad', una plataforma en
que busca facilitar el proceso de solicitud de amnistía y, a su vez, generar esa base de datos con la que el gobierno no cuenta."La idea es que la información que se genere con el chatbot 'Libertad' sea una forma para que las organizaciones de la sociedad civil podamos monitorear cómo va la aplicación de la Ley de Amnistía: cuántas personas han ingresado estas solicitudes y cómo se les está dando respuesta", comenta Sofía González.
Con el chatbot también se pretende identificar quiénes son las personas que podrían acceder a la amnistía, y más en este momento en el que las legislaturas locales están aprobando sus propias leyes. Sin embargo, afirma González, el Observatorio no quitará el dedo del renglón con la responsabilidad que tiene el gobierno.
"Es importante que las autoridades presenten de forma pública esta información. Tenemos que seguir buscando y urgiendo a la comisión encargada del tema que dé una respuesta a las solicitudes", señala.