Aguascalientes y Jalisco arrancan con la lucha digital contra la corrupción

Ambos estados son los primeros que aportan información para que ya puedan operar componentes de la Plataforma Digital Nacional, una herramienta que busca ser clave en el combate anticorrupción.
La plataforma es una herramienta diseñada para concentrar información sobre funcionarios y compras públicas, entre otros temas, y permitir cruces que ayuden a identificar irregularidades.

A un año de que se empezó a desarrollar la Plataforma Digital Nacional (PDN), una herramienta contemplada desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para tener datos sobre funcionarios sancionados, declaraciones patrimoniales, compras a nivel estatal y nacional y otros aspectos para el combate a la corrupción, esta ya cuenta con información real y con cuatro de sus seis componentes activos.

La PDN funciona a través de seis sistemas de información aportada desde estados e instituciones de gobierno, como las secretarías de la Función Pública (SFP) y Hacienda (SHCP), y en ese contexto, Aguascalientes y Jalisco son las primeras entidades en hacer interoperable el sistema 1 (sobre declaraciones patrimoniales y conflicto de interés), incluso cuando la norma da como plazo límite mayo de 2021.

"Esto demuestra que con trabajo y voluntad se logra la vinculación con la Plataforma Digital Nacional", dijo Pablo Villarreal, titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional de la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA), quien es el encargado del diseño y desarrollo de la herramienta, al celebrar que estos dos estados se sumaran a este trabajo.

Con esto, al entrar a la página plataformadigitalnacional.org se pueden ver cargados los datos reales de las declaraciones patrimoniales de funcionarios estatales, cuando la fecha límite para hacerlo, con base en los formatos aprobados por el Comité Coordinador del SNA , es hasta el próximo año.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que tener plataformas de declaraciones patrimoniales puede costar entre los 1.5 y 10 millones de pesos, lo que habría sido el costo si las secretarías ejecutivas de Aguascalientes y de Jalisco no hubieran hecho su labor.

"Si no tenemos datos, no hay democratización de la lucha anticorrupción", enfatizó, luego de recordar que con esfuerzos como estos se le están ahorrando al Estado hasta 2,000 mdp.

Inteligencia anticorrupción con datos

El secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado Perrilliat, aseguró que la plataforma se convertirá en una herramienta para poder tomar decisiones en materia anticorrupción basadas en evidencia.

Explicó que ya se cuenta con cuatro de los seis sistemas que conforman la PDN:

  • Sistema 1: Declaraciones patrimoniales y de conflicto e interés.
  • Sistema 2: Servidores públicos que intervienen en sistemas de contratación.
  • Sistema 3: Servidores públicos sancionados y particulares.
  • Sistema 6: Información pública de contrataciones.

Los otros dos sistemas que aún no están operando son el 4 (información y comunicación del SNA y del Sistema Nacional de Fiscalización) y el 5 (denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción).

Los objetivos de la PDN son usar nuevas tecnologías y metodologías de trabajo como apoyo al trabajo de las autoridades del SNA, para analizar y alertar a las autoridades sobre riesgos de corrupción; evitar discrecionalidad y conflicto de interés; promover el uso de datos para respaldar sanciones; dar seguimiento, en tiempo real, a procesos y proyectos de contratación pública, y dar evidencia para generar recomendaciones de política pública a las autoridades, entre otros.

Información contra la corrupción, un bien público

Alexandra Zapata, del IMCO, advirtió que todavía hay mucho celo con la información, ya que las instituciones consideran que "son dueñas" de estos datos, pero "no son suyos y se ha visto por la lentitud con la que han ofrecido los datos para compartir".

De acuerdo con los avances de interconexión subnacional de los sistemas 2 y 3, referentes a los funcionarios que intervienen en procedimientos de contrataciones y a funcionarios y particulares sancionados, el Estado de México, Michoacán y Tabasco son los más avanzados, mientras que Querétaro y Quintana Roo son los más rezagados.

El experto Max Kaiser enfatizó que es una "herramienta del Estado mexicano", que emanó del SNA y que puede ser usada por ciudadanos y distintos actores, por lo que es importante "nunca dejar que sea capturada por el gobierno de cualquier color o cualquier orden".

Señaló que esta plataforma se va a convertir en una "amenaza" para el poder, por lo que existe la posibilidad de que se quiera cooptar por vías como el "austericidio", es decir, dejarla sin recursos.

El especialista consideró que este "cerebro" será referencia para recuperar activos y desarticular redes, ver dónde están los cruces y hacer un combate a la corrupción eficaz y certero, pues con esta herramienta quienes investigan y sancionan tendrán información importante para su tarea.

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Con la información cargada, lo que sigue es "agregarle inteligencia", dijo Nicolás Dassen, experto en Transparencia y Rendición de Cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por ejemplo, cuando un funcionario con cierto salario de repente tenga un incremento sospechoso en sus bienes, se podrán hacer cruces y lanzar alertas.

Con esto coincidió Zapata, quien comentó que "la corrupción evoluciona todo el tiempo" y la plataforma ayuda a adaptarse en esa evolución.

"La información que tenemos plasmada y se tiene contemplada no solo son fotografías en el tiempo de los datos, sino un video de cómo evolucionan en el tiempo; necesitamos tener plasmado de manera transparente cómo se dan los contratos desde la planeación hasta la firma y qué sigue después; esos videos, en vez de solo fotografías, van a permitir que equis número de años se puedan hacer esos cruces", aseguró.

Villarreal destacó que, a un año de que se empezó a formar la PDN, ya se cuenta con cuatro de seis sistemas y con información real, y que se necesita que los estados se unan a esta interoperabilidad.

"Es un bien público, es de todos, así la hemos creado y constituido, es una plataforma de todos para todos y es un bien público que tiene la intención de trascender, de convertirse en el cerebro de las autoridades encargadas de investigar la corrupción, pero también para los ciudadanos", afirmó.