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Caso Lozoya, clave en la lucha contra la impunidad en México

Para que los presuntos delitos cometidos por el exdirector de Pemex no queden impunes, se requiere de una actuación magistral de la FGR y respeto absoluto al debido proceso, señalan especialistas.
mar 14 julio 2020 05:45 AM
Lozoya Austin
Emilio Lozoya aceptó enfrentar la justicia en México el pasado 30 de junio.

Uno de los protagonistas y pieza clave de del entramado de corrupción más grande de la historia en América Latina está a punto de poner los pies en México.

Acusado de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, en los próximos días el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, llegará extraditado de España y con su arribo se espera que pueda dar detalles y ser pieza clave para develar la red de corrupción de esta trama en su parte mexicana.

De acuerdo con especialistas, este caso está obligado a sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo advierten, será necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga una actuación magistral.

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Estefanía Medina, de la organización Tojil, e Irene Tello, de Impunidad Cero, consideran que el caso Lozoya debería marcar un antes y un después en la impartición de justicia en México en contra de exfuncionarios, que a pesar de evidentes ilícitos, no encontraban castigo o se quedaban en sentencias irrisorias.

Del poder a la huida

En tan solo siete años, Lozoya pasó de ser uno de los funcionario más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto a a huir de la justicia mexicana.

Emilio Lozoya se integró al gobierno de Peña el 6 de diciembre de 2012 como director de Pemex, sin embargo, antes fungió coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del entonces candidato del PRI, puesto desde donde presuntamente iniciaron los sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht.

De acuerdo con indagatorias de la FGR, Lozoya habría recibido 9,1 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa Odebrecht con diversos contratos en México.

Otra de las acusaciones que recaen sobre el también economista del ITAM, a quien también se le señala que, bajo su gestión como director de Pemex, se realizó la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados por 264 millones de dólares.

Por alrededor de 12 meses, Emilio Lozoya evadió la justicia, hasta que el pasado 12 de febrero, fue detenido en Málaga, España, desde donde originalmente se había negado a ser extraditado, hasta el pasado 30 de junio, cuando aceptó ser extraditado.

Esta misma semana, exfuncionario dejará la cárcel de Navalcarnero con rumbo al aeropuerto de Barajas o al de Torrejón de Ardoz, donde sería entregado a autoridades mexicanas.

#QuéPasóCon... Emilio Lozoya

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la decisión de aceptar la extradición es porque hablará del caso ante la FGR.

"Al venir este señor y ofrecer que va a hablar es algo importante sobre todo para sanear, para purificar la vida pública, porque el principal problema de México es la corrupción”, afirmó López Obrador.

Y es justo esta negociación, la que preocupa a especialistas como Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil, quien refiere que ningún acuerdo debe incluir que Lozoya evada la ley.

Nos preocupa mucho que vaya a utilizarse alguna figura como el criterio de oportunidad que implicaría dejar a Emilio Lozoya sin ninguna sentencia y sin ningún cargo, a cambio de supuesta información que no sepamos si puede ser útil o no”.
Estefanía Medina, cofundadora de Tojil.

Hace unos días, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que el exfuncionario está en disposición de colaborar, por lo que incluso proporcionaría algunas grabaciones relacionadas con el caso Odebrecht. En caso de que el material aportado fuera útil, Lozoya podría librar la acción penal en su contra, por el criterio de oportunidad.

“La preocupación es que no se aplique ninguna figura que tenga como consecuencia dejarlo en inmunidad, sino que, si va a recibir alguna suerte de beneficios, estos tienen que ser en una sentencia proporcional de acuerdo a la participación de los hechos”, subrayó Medina.

De lo contrario, consideró, la justicia quedaría a deber a los mexicanos como sucedió con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien obtuvo una sentencia de nueve años y una multa de 58,000 pesos por su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y todo por una “negociación en lo oscurito entre su defensa y la fiscalía”.

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La integrante de Tojil consideró que también es fundamental que, pese a la pandemia, se garantice la mayor transparencia en el desarrollo del proceso judicial.

“Todos los procedimientos penales tienen que ser públicos, porque así lo dice la Constitución, pero más en casos de corrupción a tan alto nivel y que están vinculados a una red internacional de sobornos”, subrayó Medina quien dijo que de ser posible, también debería ser público el acuerdo alcanzado con la FGR.

Por su parte, la directora de Impunidad Cero, Irene Tello, afirmó que cada detalle del proceso penal de Emilio Lozoya debe ser cuidado a fin de que éste no se sume a los miles de delitos que se quedan sin castigo. Esto, al recordar que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de solo 1.3%.

Para las expertas, la justicia no solo se obtiene con enviar a alguien a prisión, también pasa por la reparación de daño, por ello, el caso Lozoya necesita develar la red de corrupción con nombres y cargos y recuper el dinero que se le robó a México.

“Lo primero que debe importarnos es que se busque la recuperación de los recursos, lo primero es lograr la reparación del daño y también sería bueno que se desmantelara la red para cerrar la llave de corrupción”, detalló Medina.

La especialista consideró que el de Emilio Lozoya es un caso emblemático porque involucra una red internacional de sobornos, pero para que no quede impune se requiere de una actuación magistral de la Fiscalía General de la República y que en todo momento se respete el debido proceso.

En ese sentido, destacó que cuando se trata de delitos que implican operaciones ilícitas, es complejo obtener testigos y pruebas clave de cómo se operó, sin embargo, de ninguna manera se debe caer en la tentación de conseguir pruebas ilícitas.

Se debe cuidar muy bien el armado de las carpetas, pero también la argumentación ante un juez, las entrevistas a los testigos, y sobre todo que no se obtengan pruebas ilegales, que son todavía algunas carencias que presenta el sistema de justicia”.
Irene Tello, directora de Impunidad Cero.

Pese a las diferencias públicas que han hecho evidentes los titulares de la FGR y de la UIF, ambas instituciones deben trabajar coordinadamente para lograr que en el caso Lozoya haya justicia.

“Sino se castiga, se mandaría el mensaje de que se puede seguir violando la ley sin consecuencias”, enfatizó.

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