A través de la embajada de Estados Unidos en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó al gobierno de ese país informar los detalles del operativo "Rápido y Furioso", implementado a finales de 2009 y el cual derivó en que armas ingresaran ilegalmente a territorio mexicano.
En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer este lunes el contenido de la nota diplomática que México envió a EU respecto del asunto.
En específico, la SRE urge a Estados Unidos a revelar si el gobierno mexicano, entonces a cargo del panista Felipe Calderón, autorizó o tenía conocimiento de dicho operativo, pues este dejó cientos de muertos en el país.
"A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada. La entonces Procuraduría General de la República aducía que las autoridades mexicanas desconocían la existencia del operativo. Sin embargo (...) el gobierno de Estados Unidos (...) aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso", sostiene la nota.
El secretario @m_ebrard informa sobre la nota diplomática de 🇲🇽 a la Embajada de 🇺🇸 sobre el operativo “Rápido y Furioso” pic.twitter.com/i6kaoeL66I
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 11, 2020
Informar los detalles del "Rápido y Furioso", señala, abonará a la identificación de las más de 2,000 armas de alto calibre que fueron usadas para el plan, cuyo objetivo era rastrear a quienes venden armamento de forma ilegal, pero que terminaron siendo empleadas para cometer delitos en ambos países.
"Sin plena cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas", enfatiza.
La nota refiere que el operativo solo pudo ponerse en marcha con autorización y participación de las más altas autoridades mexicanas, puesto que requirió un proceso de identificación, seguimiento y judicialización.
La Cancillería insiste en que hay "dudas fundadas" respecto de lo ocurrido, por lo que, si lo dicho por el gobierno de Estados Unidos es verdad, significa que las altas autoridades mexicanas violaron la Constitución.
"Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo, estaríamos ante graves violaciones a la Constitución Política (...) por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad", expone.
En cambio, dice, si es verdad que esas autoridades no conocían ni autorizaron el operativo, el gobierno estadounidense actuó en territorio mexicano atentando contra la soberanía nacional y entregando armas a la delincuencia organizada.
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"Se solicita proporcionar al gobierno de México toda la información que se disponga respecto al operativo 'Rápido y Furioso', conforme el ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países", dice.
La SRE indica que en 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) envió a la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) una solicitud para recabar documentación de las declaraciones de los procesados por el operativo.
