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¿Qué sigue para Emilio Lozoya? Un abogado plantea dos caminos

De 30 días a dos años podría demorar la llegada de Emilio Lozoya a México; un abogado experto en leyes internacionales plantea cuáles son los escenarios para la justicia mexicana.
jue 13 febrero 2020 05:00 AM
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El gobierno mexicano debe presentar la solicitud de extradición ante el gobierno de España.

La extradición de Emilio Lozoya de España a México tiene dos escenarios, asegura el abogado Mario Jorge Yáñez, experto en materia migratoria y casos de nacionalidad: primero, que acepte el trámite de extradición y este se lleve a cabo en un periodo de entre 30 y 60 días; segundo, que rechace la solicitud de las autoridades mexicanas y arranque así un proceso legal que puede demorar entre uno y dos años. El segundo sería el más probable, considera el litigante.

“Mi análisis es que Emilio Lozoya no va a buscar el allanamiento (aceptar la solicitud de extradición), y podrá invocar que son delitos que no se han probado ante un juez y que realmente se trata de una persecución política, y tratar de conseguir la protección de la justicia española”, expone.

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Mario Jorge Yáñez, socio de Hogan Lovells México, detalla que en el proceso de extradición será clave la compatibilidad de los delitos que le quieran fincar las autoridades mexicanas.

“La compatibilidad es que sea un delito que sea perseguible en los dos estados para efectos de este Tratado de Extradición entre México y España. O sea, si es un delito que en España no es perseguible, pues no habría extradición”, destaca.

Afirma que lo más importante para las autoridades mexicanas será comprobar que no se trata de un delito de origen político, sino de un delito que se cometió dentro de una empresa del Estado, y poner en evidencia que existen pruebas del delito de corrupción, por el que se persigue.

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¿Qué sigue para las autoridades mexicanas?

Una vez que se sabe que Lozoya está detenido en España, se tiene que hacer la solicitud de extradición. El abogado explica que el trámite se realiza por canales diplomáticos, es decir, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Además, tiene que cumplir los requisitos del artículo 15 del Tratado de Extradición.

  1. Exposición de los hechos por los cuales la extradición se solicita indicando en la forma más exacta posible el tiempo y lugar de su perpetración y su calificación legal.
  2. Original o copia auténtica de sentencia condenatoria, orden de aprehensión, auto de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza según la legislación de la parte requirente, y de la que se desprendan la existencia del delito y los indicios racionales de su comisión por el reclamado.
  3. Texto de las disposiciones legales relacionadas al delito o delitos de que se trate, penas correspondientes y plazos de prescripción.
  4. Datos que permitan establecer la identidad y la nacionalidad del individuo reclamado y, siempre que sea posible, los conducentes a su localización.
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¿Qué pasos ha dado el gobierno mexicano?

La mañana del miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la solicitud de extradición se presentaría en las siguientes horas.

“La solicitud, el proceso de extradición en el transcurso de hoy y mañana, tenemos que ver todos los pasos, dependiendo de lo que nos vaya indicando la FGR, pero por supuesto que estamos atentos desde muy temprana hora y la secretaría estará lista para hacer esa solicitud en tiempo y forma”, indicó.

El plazo que se tiene para presentar esta solicitud, detalló Ebrard, es de hasta 45 días a partir de la captura.

“De acuerdo a la legislación, tenemos 45 días para hacerlo; evidentemente, lo vamos a hacer más ágil, pero es el plazo que tenemos”, precisó.

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Una vez que la Cancillería presente la solicitud de extradición, el Consejo de Ministros de España deberá informar si la acepta o no. Cuando eso suceda, corresponderá a Lozoya definir su postura.

¿Qué opciones tiene la defensa de Lozoya?

En opinión de Yáñez, los abogados del exfuncionario de Enrique Peña Nieto esperarán todos los tiempos para después interponer medios de defensa para que Lozoya no pueda ser extraditado, pero la resolución dependerá de las autoridades españolas.

“Ya es una cuestión de celeridad judicial de parte de las cortes españolas, yo creo que puede tardar un año o dos; depende de con qué celeridad el sistema judicial español trata este asunto. La experiencia de otros casos de España y otros países indica que entre uno y dos años”, adelanta.

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Refiere, sin comparar, el caso de extradición de Alonso Ancira, accionista y director general de Altos Hornos, quien fue detenido en España en mayo de 2019.

Ancira fue acusado de vender una planta a Pemex en 2014; la transacción se realizó por 475 millones de dólares cuando, se presume, no valía más de 50 millones. En ese caso, la compra se hizo con la colaboración de Lozoya.

El empresario fue detenido en Mallorca, España, el 19 de mayo del año pasado; estuvo detenido poco más de un mes y el 28 de junio se le concedió la libertad bajo fianza mientras seguía su proceso. El 30 de julio, el directivo de Altos Hornos rechazó aceptar la solicitud de extradición. Entonces empezó el proceso de litigio de las autoridades mexicanas.

En su caso, el juez le impuso una fianza de 1 millón de euros para que pudiera llevar su proceso en libertad.

Buscó un amparo en diciembre pasado, pero le fue rechazado, y hasta la fecha continúa en libertad pero bajo proceso.

Sobre el caso de Lozoya, el abogado consultado indica que este seguramente buscará que se evite la extradición, invocando las reservas que incluye el Tratado de Extradición. Para ello, podría enfocar su expediente a una persecución política, pero eso dependerá de la estrategia de su defensa.

Un remoto tercer escenario

Para el abogado, una tercera situación, aunque muy poco probable, es que el Estado español no acepte la solicitud de extradición y decida proteger a Lozoya en caso de que él se presente como ciudadano español.

“Hay una disposición del tratado entre México y España que establece que el Estado requerido puede negar la extradición al Estado requirente de sus nacionales; entonces, (eso sucedería) si Emilio Lozoya tuviera nacionalidad española y pudiera decirle al Estado español: ‘Yo soy español, trata de invocar el artículo séptimo del tratado’. Pero ese escenario conlleva al hecho de que sea España quien va a juzgarlo”, expone el experto.

Resalta que el Tratado de Extradición vigente entre México y España aplica para ciudadanos de nacionalidad mexicana y no para ciudadanos que tengan pasaporte comunitario, es decir, de la Unión Europea.

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