A 5 años, padres de los 43 exigen justicia; "no nos vamos a cansar", advierten

Antes de partir, se realizó una misa para los 43 jóvenes. Lágrimas en los rostros de los padres se pudieron ver cuando entonaron la melodía modificada de “Entre tus manos”.

Minutos después de las 16:00 horas arrancó el contingente encabezado por el abogado Vidulfo Rosales y los padres de familia.

Fue en el Antimonumento a los 43 desaparecidos donde los padres hicieron una parada para hacer un pase de lista de los jóvenes y los tres asesinados.

Al tomar la palabra Carmelita Cruz, madre de Jorge Aníbal Cruz, lamentó que hayan pasado cinco años sin saber el paradero de sus hijos.

“No me imaginé llegar a cinco años, pero desgraciadamente el gobierno peñista se encargó de que llegáramos hasta este tiempo porque él no quiso hacer las investigaciones correspondientes para que se encontraran a nuestros hijos”, señaló.

En entrevista, el señor Estanislao Mendoza, papá de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, dijo que les fortalece que a cinco años hayan tantos mexicanos que se unan a ellos para pedir justicia.

“El dolor es mas fuerte porque cuando uno se muere, ya se resigna uno, en cambio nosotros no sabemos si están vivos o están muertos, pero mientras no nos digan o presenten evidencias de que aquí están, nosotros vamos a seguir luchando”, afirmó.

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El padre aseguró que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador hay esperanza y confianza de que se haga justicia.

“Aunque sea lento, pero va caminando”, agregó.

El contingente, que recorrió Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, y 5 de Mayo, llegó al Zócalo a las 18:00 horas.

Durante la marcha se registraron actos violentos. Encapuchados rompieron vidrios de algunos comercios sobre avenida Juárez y pintaron bardas con frases como "Fue el Estado" y "43" sobre la calle de 5 de Mayo.

Ya en la Plaza del Zócalo, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, se deslindó de las pintas y destrozos y llamó a todos a culminar el mitin de forma pacífica.

En el mitin realizado en el Zócalo, la señora Joaquina García, mamá de Martín Getsemany Sánchez García, reclamó que pese al lustro que ha pasado aún no hay certeza de dónde están los jóvenes estudiantes.

"No nos vamos a cansar", advirtió ante los miles congregados en la Plaza de la Constitución.

La madre llamó a que se sancione a los responsables de la investigación en la administración pasada: "Que los investiguen y los castiguen".

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, refirió que a cinco años de la desaparición de sus hijos la lucha no ha sido fácil.

"Hemos llegado sin que el gobierno pudiera enterrarnos como lo quiso hacer con nuestros hijos", reclamó.

Agregó que los resultados de la nueva investigación serán los que evidencien el compromiso del actual gobierno federal.

"Que los hechos nos digan la verdad, si es realmente un gobierno comprometido para esclarecer el caso Ayotzinapa", sostuvo.

Apuntó que seguirán evidenciando a la administración federal pasada: "No tenemos más que la maldita mentira que dejó el maldito gobierno de Enrique Peña Nieto".

Y también llamó a proceder legalmente contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón y militares.

"No van a pagar ese daño, ni con una disculpa pública, aseveró.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal ‘Raúl Isidro Burgos’ fueron atacados por policías municipales de Guerrero. El hecho derivó en seis muertos, un estudiante que se mantiene en estado de coma y 43 desaparecidos.

La extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) dio su “verdad histórica” de la noche de Iguala: que los estudiantes fueron “levantados”, entregados a un grupo del crimen organizado e incinerados en el basurero de Cocula.

La versión oficial fue puesta en duda por expertos internacionales que comprobaron que en una lluvia como la que se presentó esa noche no permitía que se prendiera un fuego que pudiera calcinar 43 cuerpos al aire libre.

En días pasados, un juez ordenó la liberación de 72 implicados, entre ellos 24 policías y Gildardo López, “el Gil”, supuesto líder de Guerreros Unidos, luego de que señaló irregularidades en las pruebas y la manera en que fueron recabadas por la PGR.