El PRI expulsa (ahora sí) al exgobernador César Duarte

La Comisión de Justicia, que encabeza Fernando Elías Calles, determinó que existen fundamentos necesarios para que César Duarte no siga formando parte del padrón priista y ordenó notificar de la expulsión tanto al exmandatario chihuahuense (2010-2016) como al denunciante, Armando Barajas Ruiz, quienes deberán ser localizados en los domicilios que ellos proporcionaron para tal efecto.

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En marzo pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto la sanción contra Duarte Jáquez al no ser notificado personalmente dado que no fue localizado.

La Comisión de Justicia del tricolor volvió a revisar el caso, citó al exgobernador para darle una oportunidad de defensa, pero al no presentarse determinó proceder en su expulsión.

La solicitud de retirarle la militancia existía desde julio de 2016, su último año al frente del gobierno de Chihuahua, cuando los escándalos de presuntos actos de corrupción comenzaron a tomar fuerza a raíz de las irregularidades detectadas en su administración.

¿Y su proceso de extradición?

Según el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) ya afina la solicitud formal al gobierno de Estados Unidos para extradirar a César Duarte.

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Corral indicó que el miércoles se celebró en la sede de la cancillería una reunión para afinar la solicitud formal que el gobierno de México realizará ante los Estados Unidos para que, con base en una nueva investigación, se solicite la extradición del exgobernador.

¿Qué delitos enfrentaría?

Desde hace dos años, César Duarte es considerado prófugo de la justicia. La primera orden de aprehensión en su contra se giró en marzo de 2017, misma fecha en la que se solicitó a la Interpol emitir una ficha roja para su localización.

De acuerdo con la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua, sobre Duarte existen 15 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, enfrentaría un proceso por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario hacia las campañas del PRI en 2016.