Vicente Fox, Felipe Calderón y Ulises Ruiz son denunciados ante la CPI
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz , fueron denunciados este jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales presuntamente cometidas entre 2006 y 2007.
El expediente por crímenes de lesa humanidad contra los exmandatarios fue entregado por Arturo Peimbert, titular de la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en compañía de Emérito Marino Cruz, César Mateos, Germán Mendoza Nube y Flavio Sosa Villevicencio, víctimas de la represión.
El ombudsman oaxaqueño puntualizó que esta es la primera demanda que hace una instancia oficial ante la CPI para llevar a juicio a gobernantes mexicanos acusados de supuestos crímenes de lesa humanidad.
Por ser responsables de tortura, desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad deberá castigarse a @FelipeCalderon @VicenteFoxQue y URO. @RitaVarelaM @julioastillero @May_Garcia_M @DiegoEOsorno @rosyramales @pedromatias81 @sofyvaldivia @Quadratinoaxaca pic.twitter.com/jED0nHiZMU
— Flavio Sosa Villa.. (@flaviososavilla) May 2, 2019
La denuncia se sustenta en el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves en contra de miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y el dictamen de la Comisión de la Verdad que investigó estos hechos.
“(Esta demanda) constituye una posibilidad para obtener justicia, toda vez que se han agotado las instancias nacionales”, expresó Peimbert a través de un video difundido en redes sociales.
¿A qué hechos refiere la demanda?
En 2006, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó una serie de protestas para exigir la renuncia del entonces gobernador Ulises Ruiz, quien hoy aspira a ser el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A las protestas se sumaron otros sindicatos y sectores inconformes con la administración del priista, lo que dio origen a la APPO. En junio de ese año iniciaron los actos de represión, cuando el gobierno del estado ordenó que se desalojara el Zócalo de la capital oaxaqueña donde los manifestantes instalaron un plantón.
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Después, y hasta agosto de 2007, el gobierno de Ulises Ruiz, con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, puso en marcha cinco operativos con la finalidad de disolver el movimiento social en su contra.
En ese periodo se realizaron detenciones arbitrarias, acompañadas de actos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a manos de los uniformados, de acuerdo con lo documentado por la CNDH y la comisión de la Verdad de Oaxaca.
Según los registros oficiales, el conflicto en los tiempos de Ulises Ruiz en Oaxaca dejó como saldo:
- 30 ejecuciones extrajudiciales (entre ellas las de los periodista Raúl Marcial Pérez y Bradley Will).
- 311 detenciones arbitrarias.
- 248 casos de tortura documentada y comprobada.
- La desaparición forzada de dos personas: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario.
¿Por qué la demanda contra los exmandatarios?
Estos hechos dieron inicio en el gobierno de Vicente Fox, continuaron en medio de un conflicto electoral a nivel federal y culminaron ya en la administración de Felipe Calderón, sin embargo, en ninguno de los dos gobiernos se investigó.
Los denunciantes sostienen que Vicente Fox y Felipe Calderón fueron negligentes y omisos ante la represión cometida durante sus administraciones contra el pueblo de Oaxaca.
Además, la demanda refiere que lo ocurrido en Oaxaca en 2006 puede definirse como un ensayo de modelo de represión que, a partir de ese año, se replicó en varias ocasiones y diversas entidades.