¿Cómo era el sistema educativo antes de la reforma de Peña de 2013?
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).– La falta de acuerdos entre el gobierno federal, organizaciones educativas y legisladores dejaron en un limbo la discusión de la reforma educativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a su vez sirve para derogar la legislación impulsada en 2013 por Enrique Peña Nieto.
Mientras eso pasa, el Ejecutivo pidió en un memorándum — el cual no tiene fundamento jurídico, de acuerdo con especialistas— “dejar sin efecto” la reforma, excepto lo relacionado con las plazas y la nómina.
Para especialistas en educación, esto significaría un retroceso, porque implicaría retornar a prácticas del pasado que ya se habían superado como la venta de plazas y el ingreso por concurso.
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En tanto todo eso pasa y vemos si se llega a un acuerdo, te contamos cómo eran las cosas antes de la reforma de Peña:
El mercado de plazas
El tráfico de plazas, como lo ha mencionado el presidente, es un práctica que existía antes de la reforma de 2013 en la que el sindicato tenía la mitad de las vacantes disponibles o de nueva creación y eran repartidas bajo sus criterios, lo que abrió la puerta para la venta y a las plazas vitalicias, que eran heredadas.
Como no había un concurso, no se podía garantizar que quien llegara fuera por méritos y capacidades, sino que si se tenía un familiar o conocido en el sindicato, se tenía posibilidad de obtener la bases; en cambio había quienes podían pasar años cubriendo interinatos sin poder tener la oportunidad de tener una. Además, las plazas se podían heredar a la jubilación a un familiar y también a comercializar.
El sistema de evaluación
Como no había concurso para el ingreso, tampoco lo había para la promoción, entonces si un maestro quería tener más ingresos podía hacerlo a través de un mecanismo llamado “carrera magisterial” en el que a partir de un proceso de evaluación o selección podía ganar más dinero haciendo su mismo trabajo.
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El investigador de México Evalúa y académico del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, explica que este “escalafón” operaba mediante comisiones mixtas, en los que participaban miembros del sindicatos, representantes de la SEP y una parte consensuada entre ellos, pero que en la realidad terminaban siendo comisiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que quedaba en sus manos la decisión.
“(El sindicato mantenía) el control del aparato educativo, tenían la gobernanza del sistema educativo. Porque las posiciones clave las tenían ellos y tenías que pasar o ganarte el favor de las comisiones para obtener el puesto, y cuando llegabas a tener esa posición ¿a quién le ibas a ser leal a la autoridad o al sindicato?”, cuestiona.
El conflicto con la legislación de 2013 fue que la permanencia de los maestros en servicio estaba ligada a la evaluación, por eso se calificó la reforma como “laboral”.
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El Instituto de Evaluación
Pese a que desde el 2002 fue creado el INEE, fue hasta 2013 fue que adquirió autonomía y funciones que antes estaban en manos de la Dirección General de Evaluación de la SEP, y era ésta quien aplicaba evaluaciones y otorgaba estímulos a los docentes.
Antes de la reforma, no había una institución que midiera qué hacía la educación, con el INEE se empezó a saber el número de maestros y plazas que había, dice el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Leonardo García, quien afirma que tampoco había una evaluación para los alumnos para conocer el estado real de los conocimientos.
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El control de la nómina
En el caso de la nómina educativa, antes de la reforma de 2013 y que empezara a funcionar el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el sistema educativo estatal era el que pagaba a los maestros.
“¿Qué provocó? Que muchos gobiernos estatales hicieron una caja chica”, subraya Leonardo García, quien resalta que se sabe que había plazas que desaparecían o que se abrían, sin que se tuviera registro y sin que se supiera en dónde se quedaba ese dinero.
El FONE llegó en 2013 a través de diversas reformas a la Ley de Coordinación fiscal, mediante el cual se creó un mecanismo para el pago del personal educativo federalizado. El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) llevado a cabo en el otoño de 2013, identificó a 298,000 personas que no laboraban en su centro de trabajo; 30,000 de ellos eran comisionados y 39,000 posibles aviadores, pero debido a problemas con el registro en años siguientes hubo aclaraciones que permitieron el regreso de miles de comisionados.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, que los gobiernos estatales destinaron 185.9 mdp de los recursos educativos, para pagar 7,471 plazas correspondientes a centros de trabajo, a los maestros que laboran para el SNTE y a trabajadores con licencia.
