De la sierra al Zócalo: desplazados tocan la puerta a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).– “Esa noche no dormimos por el miedo de que fueran a llegar”, recuerda Carmen, una joven que se llama a sí misma doble desplazada debido a que en 2015 tuvo que salir de Polixtepec, en el municipio Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero; y hace tres meses de Los Morros, en el mismo municipio.

Frente a Palacio Nacional, donde alrededor de 300 personas mantienen un plantón para lograr una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Carmen cuenta que el 11 de noviembre un grupo de policías comunitarios de Tlacotepec llegó a la localidad amedrentando y hostigando a los habitantes.

Conoce más: El éxodo de 105 personas revive el tema de los desplazados de Guerrero

Al día siguiente, ella y otras decenas de habitantes salieron hacia la cabecera municipal como desplazados por la violencia. En el auditorio de la cabecera municipal se instalaron cerca de 2,000 desplazados. Pero algunos de ellos, al no recibir respuesta del gobernador Héctor Astudillo, el pasado domingo 17 de febrero decidieron instalarse en la Ciudad de México para pedirle al Ejecutivo seguridad para poder regresar a sus casas.

“Temor y miedo de las amenazas de quienes se dicen comunitarios”, responde Carmen sobre las razones que la impulsaron a dejar su hogar. A tres sobrinos ya los habían asesinado en Polixepec, por ello –cuando el mismo grupo llegó a Los Morros– no dudó en huir con su madre, su hermano y su cuñada.

Dormir junto al balcón presidencial

Ella y otras decenas de personas en la misma situación de desplazamiento, incluyendo niños, esperan que el presidente los escuche, mientras duermen, comen y viven en una de las casitas azules, naranjas y verdes que recorren la fachada de Palacio Nacional desde la puerta principal.

Andrés Manuel López Obrador entra y sale todos los días por la puerta junto al campamento en el que niños, jóvenes, adultos y ancianos se encuentran esperando una audiencia con él para exponerle su situación. No ha recibido ni un saludo de él. Dicen que han recibido "medias respuestas" del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero nada que les garantice que pueden regresar a sus hogares.

Salvador, un hombre de 63 años con tez morena, manos toscas y bigotes blancos, dice que salieron de sus casas con lo que pudieron agarrar para no ser víctimas de los policías comunitarios que llegaron a despojarlos de sus casas y de sus tierras.

Explica que desde 2013 empezó el conflicto, pero que decidieron huir apenas en noviembre pasado cuando los que “se supone" son comunitarios, llegaron a Los Morros, donde él vivía con su familia.

Al campamento en la capital, Salvador llegó junto con su sobrino, su esposa y algunos de sus hijos. Dice que para él, es mejor estar ahí que esperando a que los "malosos” se lleven a los muchachos y a las mujeres o a que les hagan algo.

Hasta 2017, un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDPDH) señaló que había cerca de 6,000 desplazados de al menos siete municipios y de 16 localidades, al final de 2018 se calculaban unos 8,000. En la entidad, el 64.4% de la población está en situación de pobreza, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Te puede interesar: El conflicto que ha dejado a miles de personas desplazadas en Chiapas

El campesino dice que llevan años mandando papeles a Chilpancingo para pedir ayuda para vivir en paz, pero que nunca fueron atendidos. Ahora, con el nuevo gobierno esperan que esto cambie, por eso vinieron a la capital del país.

“Estando López Obrador, otra cosa será decían, y uno se va con la finta. Yo lo entiendo, es mucha gente que anda así con dolores como los de nosotros... pero nosotros queremos estar en paz, no queremos problemas con nadie. Queremos estar en paz en nuestras casas”, comenta Salvador.

"No nos vamos"

Javier, de 22 años, está consiente que es "carne de cañón" para el crimen o para los comunitarios, por eso prefirió viajar con sus abuelitos a la Ciudad de México para pedir apoyo y seguridad.

“Ellos nos están llevando para juntarnos con ellos. Te obligan a hacer cosas y si no las haces, te matan”, cuenta sobre cómo es la realidad que viven.

En su hogar, se dedica a la cosecha de maíz, una actividad que le da de comer, pero que tuvo que dejar por la violencia.

Cifras oficiales ubican a Guerrero como una de las entidades con mayores índices de violencia, incluso en 2017 el estudio del Índice de Paz, elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP) lo consideró "el menos pacífico de México", con una tasa de homicidios de 62 por cada 100,000 habitantes. Solo de 2013 a 2017, el Inegi registró 11,667 homicidios en la entidad, mientras el 2018, cerró con 2,054 homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Conoce más: Protestas en Palacio Nacional: exigen justicia para Samir y apoyo a estancias

Martina es de Filo de Caballos, también del municipio Leonardo Bravo, y junto con los otros desplazados duerme en las casas de campaña esperando ver al presidente para que les ayude ante la falta de atención de las autoridades de Guerrero.

“Vamos a estar aquí hasta que nos resuelva algo el señor presidente, si no, no nos vamos hasta que nos atiendan y nos garantice a dónde nos van a mandar. Es lo que queremos: regresar a nuestras comunidades”, afirma.

La misma advertencia hace Carmen, quien promete no marcharse hasta que tengan alguna respuesta, un mensaje o algo, porque insisten que a una semana de que se plantaron frente a Palacio Nacional, nadie les ha ayudado.

“Estamos dispuestos a quedarnos aquí hasta que nos atiendan, así sean tres meses, seis meses, un año. Hasta que nos atiendan”, señala preocupada porque no sabe cuánto más le puedan durar los pocos recursos y víveres que tienen en el campamento.