La Guardia Nacional es "una apuesta riesgosa" contra la violencia, dice la CNDH
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Tras advertir que México mantiene una crisis en materia de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la Guardia Nacional que propone crear el presidente Andrés Manuel López Obrador —con soldados, marinos y policías— es "una apuesta riesgosa" contra la violencia en el país.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, entregó este miércoles al Congreso su Informe de Actividades de 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, y durante la presentación consideró que México no ha logrado superar la situación negativa que padece.
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El ombudsman nacional destacó que el año pasado en México se registró la cifra más alta de homicidios dolosos en dos décadas (33,341), además de que se incrementaron los casos de desaparición forzada, tortura y detenciones arbitrarias, así como el número de fosas clandestinas.
Las personas se duelen de que tanto autoridades civiles como militares violentan sus derechos humanos".
En ese sentido, llamó al gobierno de López Obrador a evaluar la creación de la Guardia Nacional como está planteada, al considerar que es una "apuesta riesgosa para la democracia" y una medida "sesgada" para el combate a la inseguridad.
La formación de la Guardia Nacional ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está pendiente en el Senado, al que expertos y activistas piden frenar el tema. En tanto, el presidente defiende la idea porque considera que se necesita una corporación así para enfrentar al crimen organizado.
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"Por graves y apremiantes que sean las circunstancias, (llamamos a que) no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática", dijo González Pérez.
"La propuesta de reforma a la Guardia Nacional, aun con el mando administrativo civil que se ha planteado, continúa siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo, que generaría el riesgo de vulnerar derechos humanos", insistió.
González Pérez argumentó que, al conceder más poder económico a las Fuerzas Armadas, se afianzaría su poder político; es decir, estimó, una vez superados los estados de emergencia en el país, los militares se negarían a renunciar a las potestades que se quiere darles en la Constitución.
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Al dar a conocer que la Sedena y la Semar disminuyeron el número de recomendaciones recibidas respecto de 2017 (con cinco y cuatro, respectivamente), el titular del organismo nacional aclaró que esto no es suficiente, en especial cuando "no existen parámetros aceptables" en las denuncias por violaciones graves a derechos humanos.
Mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo ni de cualquier tipo".
