El conflicto que ha dejado a miles de personas desplazadas en Chiapas
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- En la región de Los Altos, en el corazón de Chiapas, un conflicto entre comunidades vecinas provocó el desplazamiento de miles de personas que viven en campamentos en condiciones precarias, con la promesa de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ayudará.
La disputa de un predio de 60 hectáreas entre los pobladores de Chenalhó y Chalchihuitán generó la huida de entre 4,000 y 5,000 personas, ante la violencia generada en la zona desde finales de 2017.
Al cierre del año pasado, la destrucción de campamentos y las amenazas contra la población en situación de desplazamiento aumentaron las condiciones de riesgo.
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Ante ello, el presidente urgió al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, a atender el caso. El funcionario explicó que desde el 18 de diciembre se instaló una mesa de seguimiento al desplazamiento forzado, derivada de la ley que existe en el estado al respecto.
"Hice el planteamiento aquí, en la conferencia de prensa, respecto a la muy difícil situación que se está viviendo en Los Altos de Chiapas, particularmente en la zona de Chenalhó y Aldama (...) Ese mismo día por la tarde se instaló la mesa de seguimiento a los problemas de desplazamiento forzado", comentó Encinas ante medios el 8 de enero.
Esto es lo que sabemos del problema.
¿Qué pasó en Chenalhó?
Hace más de un año, aproximadamente 4,000 pobladores de esta región dejaron sus casas para recluirse en las montañas, debido a los conflictos por un terreno de 60 hectáreas que se disputaban entre Chenalhó y Chalchihuitán.
El Tribunal Agrario de Chiapas deliberó en diciembre de 2017 a favor de Chenalhó; resolvió que el territorio había sido cedido erróneamente a Chalchihuitán por la extinta Secretaría de Reforma Agraria (SRA), en 1973.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación para solicitar medidas cautelares a favor de los desplazados, ante el recrudecimiento de la violencia que afectó a 3,000 personas que habitaban en las comunidades de Chiquinshulum, Joltealal, Canech, Tzununil, N’amtic, Lobolaltic, Mashilo, Tzacucum, Pacanam, Tulantic y Kotolchij, de Chalchihuitán, así como de aproximadamente 1,000 más de las comunidades de Tzajalchen, Cha’cojton, Chimtic, Pajalto y Majonpepentik, ubicadas en el municipio de Chenalhó.
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Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que las acciones gubernamentales para mitigar la violencia, como el desarme voluntario y el fallo del tribunal, no habían sido suficientes, y demandó la protección de 10 comunidades: Chalchihuitán, Cruzton, Tzomolto’n, Bojolochojo’n, Cruz Cacabanm, Tulantic, Bejelto’n, Pom, Chenmut y Kanalumtic.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas indicó que hasta el año pasado al menos 283 familias que habían sido desplazadas seguían viviendo en condiciones precarias y fueron atacadas en la víspera de Navidad.
"La destrucción de los campamentos obligó a que la población, en su mayoría mujeres y niños, se desplazará nuevamente después de la agresión e intimidación", señaló en un comunicado.
En las montañas de Chalchihuitán celebran Navidad en desplazamiento forzado, en Canalumtik, uno de los campamentos que aún se mantienen como refugio.#NavidadSinDesplazamientoForzado pic.twitter.com/46RwGFw1y9
— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) December 25, 2018
El organismo agregó que, a más de un año del "desplazamiento forzado masivo", la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano, además de que el gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a la población desplazada.
¿Qué está haciendo el gobierno?
Encinas aseguró que han mantenido una relación estrecha con el gobierno del estado y que se reunió con sus representantes para establecer mecanismos de seguimiento y atención al problema.
Agregó que el 27 y 28 de diciembre un grupo de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, particularmente del área de atención a la violencia contra la mujer y de garantía de los derechos humanos, se trasladó para hacer una visita a los campamentos donde persistían los problemas de violencia, de presencia de grupos paramilitares y de una gran capacidad de fuego, incluso, de grupos posiblemente ligados a la delincuencia organizada.
