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La Suprema Corte invalida la polémica Ley de Seguridad Interior

El pleno del máximo tribunal del país declaró inconstitucional la norma que fue impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para regular la actividad de militares en tareas de seguridad.
jue 15 noviembre 2018 01:52 PM
Corte
Discusión. Los ministros discutieron este tema a lo largo de la semana. La votación se produjo este jueves.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Con nueve votos de 11 posibles, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves la polémica Ley de Seguridad Interior, al declararla inconstitucional.

En la sesión del pasado martes, seis ministros anunciaron que votarían por invalidar la norma. Faltaban solo dos más para que se concretara la inconstitucionalidad.

La ley fue impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y por el PRI, que argumentaron que era necesaria para regular la actuación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.

El documento fue promulgado en diciembre de 2017. Desde entonces fue impugnado ante la SCJN por diputados, senadores y organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Conoce más: La ruta para entender la polémica Le de Seguridad Interior

Los ministros determinaron que la ley es inconstitucional porque el Congreso carece de facultades constitucionales para decidir sobre las Fuerzas Armadas, y también sobre la intervención de estas en tareas de seguridad pública.

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Desde que estaba a discusión en el Congreso, la legislación causó polémica y molestia entre académicos y organizaciones civiles que advertían de que perpetuaría una estrategia de seguridad militarizada. Uno de los principales críticos fue el colectivo #SeguridadSinGuerra .

El fallo de la SCJN se da justo un día después de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentara su estrategia de seguridad para el próximo sexenio (2018-2024), que está centrada en la creación de una Guardia Nacional que quedaría bajo el mando de militares durante al menos los primeros tres años de la siguiente administración.

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