¿Qué puede hacer el gobierno de AMLO en la ONU en política de drogas, y qué no?

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - ¿Es posible cambiar el enfoque sobre las drogas en México? ¿Qué hace falta para despenalizar la marihuana en territorio mexicano? ¿El país está listo para pasar del mercado ilegal de la amapola a uno lícito? Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, ha puesto el tema en la mesa e incluso plantea llevarlo a la arena internacional .

Este miércoles, la ministra en retiro expuso la posibilidad de llevar a la ONU el debate sobre la despenalización de la marihuana y de la amapola con fines medicinales, para con ello buscar el replanteamiento de los instrumentos internacionales en la materia.

“Yo creo que es hora, momento de replantearnos, una reinterpretación cuando menos de estos tratados internacionales, son punitivos, rígidos, queremos plantearle a la ONU una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la droga en nuestro país”, dijo durante su participación en el Foro Banorte.

Según datos de la ONU, México ocupa los primeros lugares en producción de marihuana y amapola, pero esto se inscribe dentro de un mercado ilícito, que no deja beneficios para el Estado y que ha tenido como consecuencia el incremento en los niveles de violencia, principalmente en estados donde se cultivan estas plantas, como Guerrero o Michoacán.

¿Qué objetivo persigue Sánchez Cordero al intentar que este asunto se discuta en Naciones Unidas y hasta dónde puede llegar? Esto es lo que opinan algunos especialistas.

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¿Por qué ir a la ONU?

Desde 1960, México ha suscrito tres instrumentos multilaterales con países miembro de la ONU, para fortalecer la prevención, el control y la reducción del consumo de drogas. Se trata de la Convención Única sobre Estupefacientes (1961), el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988).

Estos instrumentos, señala Tania Ramírez, directora de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), dan forma a un sistema internacional de fiscalización en materia de drogas y de combate a los delitos que rodean su producción: narcotráfico y lavado de dinero.

Pero a pesar de los cambios que se han dado en algunos países, incluido Estados Unidos, estos instrumentos se mantienen sin cambios y conservan su carácter punitivo.

“Son uno de los pocos sistemas de tratados o una de las pocas materias en las que los tratados han respondido poco a la evolución de los fenómenos. Es decir, casi no se han modificado desde su aparición. Prácticamente no tienen o no han tenido cambios significativos”, dice la especialista.

Alejandro Madrazo, investigador del Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que la intención del próximo gobierno de acudir ante esta instancia para analizar el tema obedece a la búsqueda de una reforma “profunda”, más allá de lo que ha ocurrido en países como EU —en algunos estados— y Uruguay, donde se ha privilegiado un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, cuestiona el alcance que pueda tener esta medida, al menos en el caso de la marihuana.

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¿Qué tanto se puede cambiar?

Tanto Madrazo como Ramírez reconocen complejidades para modificar los instrumentos internacionales en materia de drogas, en particular por los intereses de países firmantes de preservar las políticas prohibicionistas.

“No creo que los tratados se puedan modificar en el sentido de anular la prohibición de la marihuana, por ejemplo, porque porque ya vimos en UNGASS (Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU) 2016 que hay suficientes países con una resistencia tan brutal a cualquier modificación de los tratados que difícilmente se van a modificar”, dice Madrazo.

Entre los países con resistencia a que se den estos cambios, el académico menciona a Rusia, China, Irán y Filipinas que, señala, tienen la capacidad de bloquear una renegociación para permitir mercados lícitos de marihuana, como sí ocurre con la producción de amapola.

Donde México tiene oportunidad, de acuerdo con Ramírez, es en mantener un papel activo en los instrumentos que están en curso, como la revisión que hace la Organización Mundial de la Salud para reclasificar la marihuana de sustancia de alto riesgo a una con alto valor terapéutico y poca afectación.

Otro aspecto en el que existe oportunidad es en aquellos instrumentos en los que prevalezca la garantía de los derechos humanos como la libre autodeterminación de la persona, tema en el que ya hay un pronunciamiento favorable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dado el aval a cuatro amparos para permitir el uso lúdico de la cannabis.

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¿Qué vías se deben explorar?

Los expertos plantean dos vías distintas para lograr que la despenalización de estas sustancias sea una realidad en el país.

En cuanto a la cannabis, sugieren que la apuesta se centre a una regulación del mercado local sin necesidad de “tocar base” con la ONU, tal como ha ocurrido con países como Canadá, Uruguay y algunos estados de EU, sin que ello implique consecuencias o sanciones internacionales.

“(México) se sumaría a un grupo de países que están buscando alternativas y que muchas veces se les ha dicho ‘esto está en contra de los tratados’, pero que en realidad no ha habido un mecanismo en el cual formalmente se les haya podido expulsar de los tratados o asignarles alguna sanción”, dice Ramírez.

En el caso de la amapola, Madrazo y Ramírez coinciden en la necesidad de contar con el aval de la ONU, pues es necesario que México se inscriba dentro de los países que cuentan con licencia para la producción legal de esta planta, como Países Bajos, Turquía y España.

“Si queremos que esas zonas (Guerrero, Michoacán, Chihuahua) se beneficien de una industria de la amapola medicinal, entonces necesitamos hacerlo de la mano de la ONU, porque el mercado nacional es mucho más pequeño que el internacional”, dice Madrazo.

Sobre el procedimiento que México debe seguir para entrar al mercado internacional de la amapola, ambos expertos mencionan tres pasos iniciales:

• Reconocer el alcance actual del mercado en cuanto a su producción y la gente que está inmersa en el proceso: hectáreas, calidad, cosecha.
• Permitir la producción con miras de abastecer el mercado nacional, en un primer paso.
• Establecer un acercamiento con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a fin de plantear el interés de México en formar parte del circuito legal de amapola.

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