Tlaxcala y CDMX, los más incumplidos en combate a la corrupción
De siete elementos con los que deberían contar para tener listos sus Sistemas Locales Anticorrupción, Tlaxcala y la Ciudad de México tienen cero y uno: solo el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, en el caso de la capital mexicana.
Con esos avances, las entidades se ubican en los últimos lugares en armonización de las leyes anticorrupción y el andamiaje legal que tenía que estar listo desde el 19 de julio pasado, cuando se cumplieron dos años de echarse a andar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Recomendamos: Una a una: ¿De qué tratan las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción?
Tlaxcala y CDMX... hasta atrás
Los Sistemas Local Anticorrupción tendrían que contar —como el SNA— con una comisión de selección, un comité de participación ciudadana, un comité coordinador, con una secretaría ejecutiva, un fiscal anticorrupción y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Pero según un seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del SNA, hasta el 3 de agosto Tlaxcala no contaba con ninguno de esos componentes, mientras que la Ciudad de México había nombrado al magistrado en materia administrativa.
En la Ciudad de México, de acuerdo con el análisis de la SESNA, el sistema local presenta diferencias. Por ejemplo, no contempla la a las alcaldías como integrantes; el Comité Coordinador tiene dos integrantes más —un representante del órgano de control del Congreso y el titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México—, el jefe de gobierno tiene la facultad de proponer al secretario ejecutivo y excluye a los miembros de la Comisión Ejecutiva del acceso a administrar las plataformas digitales, entre otros.
La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, anunció que cuando llegue al poder propondrá una iniciativa para modificar la legislación en materia anticorrupción.
Conoce más: 2 años del SNA, un cumpleaños de claroscuros
Las diferencias del sistema anticorrupción de Tlaxcala respecto al nacional están en cuestiones como que no incluye como integrante del Comité Rector al sistema estatal de fiscalización porque no contempla su instalación. Tampoco contempla la conformación de una comisión de selección para designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y, en su lugar, establece que el Congreso los elija, y omite la plataforma digital estatal.
Otras diferencias son que resta atribuciones a la Comisión Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana como proponer proyectos, instrumentos o lineamientos, y que entre los requisitos para nombrar al secretario Técnico no exige experiencia mínima de cinco años en asuntos relacionados.
¿Cómo van en sus andamiajes legales?
La mayoría de los estados ya cuenta con su andamiaje legal; es decir, con las leyes y reformas que tenían que hacer para implementar sus sistemas locales, el análisis del Secretariado Ejecutivo del SNA. Sin embargo, nueve estados (Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán) no han terminado esta tarea.
Entre las leyes que tienen que modificar, además de hacer su reforma constitucional, están la Ley Estatal Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, el Código Penal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
