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2 años del Sistema Anticorrupción: un cumpleaños marcado por claroscuros

El entramado que nació para combatir los actos corruptos registra avances como la conformación de algunas instancias nacionales, pero aún le faltan nombramientos y enfrenta rezagos en los estados.
¿Algo que festejar?
¿Algo que festejar? La Ley General del SNA entró en vigor el 19 de julio de 2016. (Foto: Especial)

La legislación que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cumple su segundo año de haber visto la luz. Según diversas voces, lo hace con pocos avances que festejar, pues si bien se han dado los primeros pasos en esta materia —como la conformación del Comité de Participación Ciudadana y de la Secretaría Ejecutiva del SNA—, todavía hay elementos que no se han afianzado y sin los cuales no puede terminar de despegar este instrumento para el combate a la corrupción.

El decreto promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2016 marcó la ruta que se tenía que seguir.

Hoy, aquí te contamos en qué se ha avanzado y qué falta por completar, mientras México se prepara para la entrada de un nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, quien promete que en su primer año el país salte del puesto 135 al ocho de 180 dentro del Índice de Percepción de Corrupción. ¿Se podrá?

¿En qué se ha avanzado?

De lo que se planteó en la Ley General del SNA, ya existe un Comité de Participación Ciudadana, cuya presidencia está actualmente en manos de Mariclaire Acosta —también presidenta del Comité Coordinador del sistema—, y que representa la voz ciudadana en el andamiaje anticorrupción.

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Recomendamos: Una a una: ¿De qué tratan las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción?

Luis Pérez de Acha, miembro del CPC, señala que con este modelo se institucionalizó la participación social y que esta instancia ya cuentan con una triple legitimidad: la jurídica, la política —que ha servido a sus integrantes para dialogar con diversas autoridades— y la social.

“Hemos logrado una legitimización social, en donde se tiene depositada una esperanza de que podemos construir algo que cambie la situación para mejorarla. Hemos logrado amparos, hemos logrado la aprobación de políticas integrales, hemos tratado de colocar temas importantes como La estafa maestra, Odebrecht (…) y lo que no hemos logrado nos ha llevado a plantear desde la experiencia cómo dar más fuerza a los comités de participación ciudadana en los estados”, dice Pérez de Acha en entrevista.

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El año pasado también entró en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que califica y modifica las sanciones para funcionarios que incurran en actos de corrupción, pero también para los empresarios que los cometan. Aquí puedes ver algunos de los castigos .

Además, ya se conformó la Secretaría Ejecutiva del SNA. En esta instancia —encargada de dar los insumos técnicos correspondientes al Comité Coordinador—, en mayo de 2017 asumió la presidencia Ricardo Salgado Perilliat.

“(Con las reuniones, exhortos y recomendaciones del Comité Coordinador) te das cuenta de que está caminado el sistema. No todos los días (los integrantes) tienen que estar sentados en una mesa. Están coordinados, cada uno tiene que seguir haciendo sus trámites. Seguimos sin fiscal, pero esto no para el funcionamiento del Comité Coordinador”, comenta el propio Salgado.

¿Qué falta todavía?

A la fecha, aún están pendientes la designación del fiscal anticorrupción, el nombramiento de los magistrados encargados de sancionar estos casos y que los estados terminen de armonizar su andamiaje legal.

El nombramiento del llamado “zar anticorrupción” se atoró en el Congreso desde 2014 y no ha sido destrabado, mientras que el virtual presidente electo, López Obrador, ya anunció su terna de candidatos a ocupar el puesto.

Pérez de Acha urge a designar al fiscal, pues señala que en la medida de que no exista esta figura —que forma parte del Comité Coordinador del SNA—, no entrarán en vigor las modificaciones al Código Penal en materia de corrupción, por lo que la elevación de las sanciones y los tipos penales seguirán en un impasse.

Por su parte, Salgado señala que “el Comité sigue caminando independientemente de las sillas que están sentadas”. Para el secretario ejecutivo, es necesario que se termine con el andamiaje, pero insiste en que el sistema puede seguir caminando sin él.

Los otros nombramientos que faltan son los de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) especializados en el combate a la corrupción. Desde abril del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó a sus candidatos, pero estos todavía no han sido aprobados en el Senado.

¿Cómo ha avanzado el combate en los estados?

Respecto a lo que toca en las entidades, la armonización de las leyes anticorrupción y el andamiaje legal —que tenía que estar listo el 19 de julio pasado— aún no terminan de concretarse.

De acuerdo con un análisis del Secretariado Ejecutivo del SNA, nueve estados (Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán) no han terminado con el andamiaje legal, es decir, no han aprobado alguna de las leyes que tienen que modificar, además de hacer su reforma constitucional.

Mientras tanto, en lo referente a los nombramientos o integración de órganos, 14 ya cumplieron con la conformación de su comisión de selección, del comité de participación ciudadana, del comité coordinador, de la secretaría ejecutiva, del fiscal anticorrupción y del magistrado del tribunal de Justicia Administrativa.

Algunos de ellos son Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Edomex, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

Los que están en los últimos lugares con grandes rezagos son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México. El caso más extremo es el de Tlaxcala, que no ha cumplido con ningún nombramiento.

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¿Y qué viene con AMLO?

Las tareas para el futuro inmediato son, primero, que el Comité Coordinador apruebe los formatos de declaraciones para los funcionarios públicos —que aplicarían para los servidores de la nueva administración federal—, y ya que comience la nueva Legislatura, que se hagan los nombramientos faltantes.

Ve también: Cambio de rumbo con AMLO plantea retos a los avances anticorrupción: ICC

Además, Pérez de Acha señala que, con base en la experiencia que han tenido en el tiempo que llevan funcionando, falta impulsar más la participación ciudadana.

“Lo que hemos aprendido en el año y medio que tiene el Comité de Participación Ciudadana es diseñar estrategias de mediano y largo plazo. El tema de corrupción no llegó a este grado de la noche a la mañana. Entonces, soluciones mágicas no van a existir y se requiere que los CPC tengamos más autonomía”, comenta.

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