La crisis de violencia que alcanzó a la clase política en las #Elecciones2018

El debate había terminado. El candidato del PRI a diputado federal por Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, salió del auditorio de la Universidad Autónoma de Coahuila y se disponía a tomarse una 'selfie' con una simpatizante, cuando un hombre se le acercó y le disparó en la cabeza.

La imagen quedó grabada en las cámaras de seguridad instaladas a la salida del recinto donde fue el debate y pronto fueron difundidas por medios de comunicación y a través de redes sociales. La indignación por la muerte del priista hizo eco entre políticos y ciudadanos que condenaron el homicidio de Purón y como protesta y solidaridad, los candidatos del PRI suspendió un día sus campañas electorales.

La crisis de inseguridad en el país, que este año llegará su máximo histórico —de seguir la misma tendencia— , alcanzó a la clase política. El asesinato de Prurón, se sumó a la lista de crímenes en contra de simpatizantes, funcionarios, precandidatos, líderes regionales y candidatos de distintos partidos, que en en el actual proceso electoral ya suman 42 asesinatos.

Esa cifra es casi el doble de los homicidios de políticos que se registraron en el proceso electoral federal de 2015 —que inició en octubre de 2014—, año en el que se renovaron diputaciones federales y nueve gubernaturas.

Los partidos con mayor número de víctimas son el PRI y el PRD, pero poco a poco se suman políticos y militantes de otros partidos como Morena e incluso el Partido Encuentro Social, uno de los de más reciente creación.

La consultora Etellekt tiene documentadas al menos 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y sus familiares en lo que va del actual proceso electoral. En su mayoría, señala la firma, dichas agresiones tienen como presuntos responsables a comandos armados, además de que en algunos casos hubo privación de la libertad de manera previa al homicidio o hubo señas de tortura.

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El crimen en busca de poder

Una de las hipótesis que rodea a los homicidios de políticos, de acuerdo con Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia de la Universidad Iberoamericana, es la búsqueda de posiciones de poder por parte de la delincuencia organizada a través de la corrupción, la coacción e intimidación de autoridades.

“El crimen organizado tiene interés en ser gobierno. No simplemente en ser beneficiarios de un esquema de complicidad ya sea por coacción o por corrupción. Ya se preocupan para ver quién va a ser, ya participan en violencia y así llanamente participan en la política y les representa ganancias en su modelo, es otra fuente de ingresos”, señala el académico.

Este tipo de esquemas, asegura, comenzó a ser notorio a partir de 2007 y a pesar de los intentos por ponerle un freno a la situación se ha quedado en mesas de diálogo que no han rendido frutos, por lo que la violencia contra políticos, en especial contra figuras locales continúa.

“Lo que se haya hecho, si se hizo, fue poco o no sirvió. Habrá que ir más allá de mesas de diálogo, es decir, sí protección pero qué tipo de protección, no solamente se trata de eso, revisemos cuál es nuestra estructura en términos de seguridad, nuestra capacidad de fuerza como Estado para contener esta situación”, refiere Tirado.

Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, este tipo de violencia se corresponde con el clima de inseguridad que se vive a nivel nacional que en 2017 registró 29,428 víctimas de homicidio doloso que lo ubica como uno de los años más violentos de las últimas dos décadas.

“Las personas no vivimos en un país en donde podamos estar seguros. Y en ese sentido, lo primero es tratar de mejorar las condiciones generales, no se puede tratar de mejorar las condiciones de los políticos olvidando la realidad que se vive en el país”, considera Rivas.

Por otro lado, señala que la falta de un uso adecuado de la inteligencia para detectar y entender cómo se comporta y previenen los delitos seguirá impactando en la prevalencia de este tipo de casos no sólo contra políticos sino también contra los ciudadanos.

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El impacto de las balas en las urnas

La violencia registrada en contra de políticos en la actual campaña electoral ha llevado a las autoridades a emprender acciones con el fin de garantizar la seguridad no solo de los candidatos sino de los votantes que saldrán a las urnas el 1 de julio.

En el estado de Guerrero —donde este año suman 7 asesinatos de políticos— autoridades y candidatos acordaron una serie de medidas como la utilización de botones de pánico, evitar hacer campaña en zonas de riesgo y por la noche, así como una mayor comunicación con las autoridades.

“Necesitamos que la autoridad se ponga las pilas porque realmente las condiciones del país son de urgencia. Tenemos casos específicos donde las condiciones de seguridad, por ejemplo, en Guerrero en donde no se puede ni dar clases. Evidentemente, nos habla de una condición extrema”, considera Francisco Rivas.

Más allá de los mítines, un tema que preocupa a los expertos es el impacto que esta situación puede tener entre quienes saldrán a ejercer su derecho, ante el temor de que se presenten situaciones de violencia.

Y cuando solo quedan 13 días para el 1 de julio el periodo electoral, a la muerte de Purón y de otros 40 políticos mexicanos se suma el asesinato de Jesús Nolasco, candidato a regidor suplente de Morena en León, Guanajuato.

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