En Puebla avanza la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, luego de que con cinco votos a favor, cero en contra y una abstención, se avaló en la comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local este 12 de julio.
En medio de una polémica, pues un día antes se manifestaron grupos opositores del derecho a decidir, además de la postura en contra de instituciones como la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), se aprobó y falta que se discuta y se avale en el pleno, el cual se prevé el lunes 15 de julio.
Publicidad
Al inicio de la discusión, los legisladores del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Fernando Sánchez Sasia de Morena se justificaron para no presentarse.
Sin embargo, más tarde, este último se sumó dejando su votación en abstención con la justificación que no tenía información y estadísticas sobre el tema.
A la mesa de la comisión llegó el diputado panista, José Miguel Espinosa para fijar su postura en contra argumentando que no se ha discutido suficientemente este tema pues según él, no se ha tomado en cuenta la opinión de especialistas, aunque en abril de 2021 se realizaron parlamentos abiertos.
"Se piensa hacer lo mismo, dictaminar por dictaminar un tema sumamente importante para las y los poblanos (...) lo peor de ello es que no se piensa hacer de manera correcta, escuchando a la sociedad, a las mujeres, a los hombres, a las doctoras, a los doctores, a las psicólogas, a los psicólogos y a las demás personas que pudieran abonar responsablemente", expuso.
Sin embargo, nadie le hizo caso pues la sesión duró media hora sumando los votos a favor de los legisladores: Eduardo Alcántara, Silvia Tanús y Erika Patricia Valencia, del Grupo Plural; Yolanda Gámez, de Morena y Gerardo Rojas del PT.
La abstención fue del morenista Sánchez Sasia, quien también causó polémica en las últimas semanas debido a que propuso castigar con hasta cuatro años de prisión a manifestantes que bloqueen calles en la entidad.
El aborto seguirá como delito después de las 12 semanas Previo a que el tema fuera tratado finalmente, después de que pasaban legislatura tras legislatura, el gobernador electo, Alejandro Armenta fijó su postura a favor de la despenalización.
A raíz de esa declaración, según versiones de algunos diputados, morenistas que estaban en contra “se convencieron” en votar a favor. A la par, el presidente del Congreso, Edgar Garmendia ya venía haciendo un cabildeo con las bancadas, después de que el PT volviera a presentar una iniciativa, la octava que trataba el tema.
Aunque en la propuesta que se tomó como base, la del Partido del Trabajo que planteaba despenalización hasta las 14 semanas y trabajo comunitario contra quienes lo hicieren después de ese lapso, se modificó.
Según el dictamen aprobado este 12 de julio, se reformaron los artículos, 339, 340, 341, 342, y 343 del Código Penal del estado, para quedar de la siguiente forma:
—Artículo 339. “Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”. —Artículo 340. “Se impondrán de seis meses a un año de prisión a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo”.
A la persona que ayude en el aborto, se le impondrán penas de uno a tres años de cárcel, sea cual sea el medio que aplique. Es decir, puede aplicar contra los doctores de las clínicas clandestinas.
En el artículo 341, se establecerá que el aborto forzado, es decir, cuando obliguen a la persona embarazada a un legrado, tendrá un castigo de cuatro a ocho años de prisión.
En los casos en los que haya violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez años de prisión.
El artículo 342 se establece que si el aborto obligado lo causara un médico, cirujano, enfermero, practicante de medicina o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
No es sancionable dentro de las 12 semanas, tampoco cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida o cuando la persona gestante corre peligro de muerte.
Aunque también se presentó una Ley de Salud, esta no se trató por lo que no se garantiza el servicio de aborto en los hospitales públicos, aunque actualmente el estado ya destinó siete estancias para este servicio después de que en 2023, organizaciones como GIRE, CAFIS y Odesyr lograron un amparo para que se brinde.