“Este daño al arrecife pudo haberse evitado con la manifestación de impacto ambiental (documento conocido como MIA), en este caso les servía de guía para saber qué hacer y por dónde, pero no hay proyecto, no tienen una guía definida de qué hacer y cómo van a hacerlo”, denunció.
El fallo representa un nuevo revés al Tren Maya, obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador que él prometió entregar el próximo diciembre con más de 1,500 kilómetros de vía para los cinco estados del sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
La batalla legal, sostuvo la presidenta de la organización ambiental, es muy importante porque no basta solo con marchas y protestas.
“La lucha ambiental básicamente la hemos dirigido y encaminado a cuestiones legales, la lucha ambiental no puede ser solo un movimiento con marchas y protestas, en Quintana Roo hemos dedicado 40 años a que se tengan las herramientas jurídicas necesarias para que se tenga esta defensa”, enfatizó.
Domínguez avisó que se mantendrán firmes para combatir con todas las herramientas legales la ampliación del principal camino de acceso a Puerto Morelos a costa de la destrucción de zonas de manglar.
De acuerdo con GEMA, la suspensión provisional del traslado de la piedra porfirita, que servirá como balasto de los tramos 5 y 6 del Tren Maya, impide que el material se transporte sobre áreas naturales protegidas.
A mediados de marzo, después que el buzo y videógrafo Alberto Friscione denunció que el ancla del buque Melody dañó zonas de coral en dos reservas naturales, colectivos ambientalistas interpusieron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Incluso realizaron una cadena humana en Puerto Morelos, como protesta por los daños al ecosistema marino y el anuncio de la ampliación de la avenida José María Morelos.
La legislación ambiental en México protege los manglares, como la Ley General de la Vida Silvestre y el Código Penal Federal, que tienen apartados donde se detalla la importancia de este ecosistema.