8 estados tienen pendiente la aclaración de 13.7 mdp de Escuelas al CIEN

De las entidades donde se detectaron montos por aclarar, Chiapas ocupa el primer lugar con un monto de 4 millones 8,730 pesos pendientes de aclarar. El órgano auditor señaló que el gobierno de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa.

Principalmente en materia de obra pública por la falta de amortización de anticipos de obra públicas otorgados a contratistas, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por el monto señalado.

Estados con montos por aclarar

• Chiapas= 4,008,730.26 pesos
• Tabasco= 3,620,993.59 pesos
• Jalisco = 1,868,064.7 pesos
• Yucatán =1,483,700.65 pesos
• Aguascalientes = 1,101,114.42 pesos
• Nayarit = 1,028,572.52 pesos
• Zacatecas =979,486.73 pesos
• Oaxaca= 730,093.6 pesos
• Coahuila = 382,464.76 pesos

En el caso de Coahuila se generó un probable daño por el pago de obras que no corresponde al programa y a la carencia de la autorización del INIFED para la aplicación de los recursos, mientras que en Oaxaca se adjudicaron 4 contratos mediante el procedimiento directo por excepción sin presentar el dictamen correspondiente.

Por su parte, el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa no presentó la fianza de anticipo, de cumplimiento ni de vicios ocultos, ni amortizó en su totalidad los anticipos de 5 contratos de 6 obras.

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Los más de 13 millones de pesos equivalen al 0.18% de los 7,280.2 mdp que se le destinaron en 2020 al programa La Escuela es Nuestra, con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca facilitar recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas públicas con recursos otorgados a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) y sin intermediarios.

Los recursos del programa Escuelas al CIEN fueron destinados para la atención en muros, pisos, techos, la rehabilitación de instalaciones hidráulicas, la adquisición de mesas, pizarrones, la instalación de bebederos y en general dotar de condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación.

Escuelas al CIEN funcionaba a través de la emisión de Bonos de Infraestructura Educativa con los que se buscaba la potenciación de recursos del gasto federalizado, a través de un esquema financiero para proyectos de infraestructura física educativa financiados con Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), provenientes de la aportación del 25.0% del FAM, en su componente de infraestructura educativa.

La meta era contar en tres años con 50,000 millones de pesos adicionales para mejorar las condiciones de más de 33,000 escuelas en todo el país. En 2018, la ASF ya había advertido que “la evolución del Programa Escuelas al CIEN no (había) cubierto las expectativas planeadas”.

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En la publicación que hizo este miércoles la ASF sobre el uso de los recursos de este programa en 2020 detectó que al menos 30 tienen “inobservancias en la normativa” e incumplimientos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Convenios de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM.

Por ejemplo, en Baja California no se supervisó que el expediente técnico de la obra “Construcción en jardín de niños Jaime Torres” contara la fianza de vicios ocultos, así como las actas finiquito de obra de entrega-recepción; en el Estado de México no se presentaron dictámenes fundados y motivados para la excepción a la licitación pública de dos obras, ni presentó los finiquitos de 12 obras, aunque esto no derivó en un probable daño al erario o un monto por aclarar.

Asimismo en Sonora, se suscribieron convenios fuera de la vigencia de los contratos respectivos y se careció de la investigación de mercado, mientras que en Tlaxcala de los 562 proyectos autorizados, 443 se reportaron concluidos, 64 en proceso y 55 carecieron de contrato; por lo tanto, no se han pagado en su totalidad, debido a que no se supervisó la ejecución de los proyectos, entre otros hallazgos.

Solo Querétaro y San Luis Potosí tienen una opinión favorable por parte de la ASF. En la entidad gobernada por Francisco Domínguez (PAN) se señala que “se observó la normativa del programa, principalmente en materia de transferencia y registro de los recursos, mientras que en SLP, comandada por Juan Manuel Carreras (PRI), se registró que “en la aplicación de los recursos transferidos del programa Escuelas al CIEN, el gobierno cumplió la normativa”.