MONTERREY, Nuevo León.— El Congreso de Nuevo León aprobó este miércoles realizar una sesión extraordinaria el próximo viernes, a las 11:00 horas, para discutir la sanción en contra del secretario de Gobierno del estado, Manuel González, por el desvío de recursos públicos.
En el dictamen se perfila la destitución e inhabilitación por seis años en contra del funcionario por el caso de las ‘Bronco-firmas’.
Lo anterior se produce por orden de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que consideró que el gobierno estatal usó a cerca de 500 funcionarios, dentro de su horario laboral, para ayudar en la captación de firmas para impulsar la candidatura presidencial independiente del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ‘el Bronco’, durante la contienda de 2018.
La sesión extraordinaria fue solicitada por el diputado de MC Luis Donaldo Colosio Riojas, quien destacó: “En cumplimiento a resolución judicial, debemos dictaminar y emitir la sanción correspondiente”.
Al respecto, el diputado de Morena Ramiro González pidió que en el dictamen que será discutido se agregue también la sanción en contra del gobernador, por lo que el asunto también se podría analizar este viernes.
Sin embargo, Colosio Riojas argumentó que ambos casos se deben dictaminar por separado, ya que la orden fue sancionar en lo individual a cada funcionario.
“Son dos sanciones a dos funcionarios por hechos relacionados, pero imputables a cada quien en lo individual”, dijo.
El dictamen para la destitución de González se discutirá primero en la Comisión Anticorrupción a las 9:00 horas, para después pasar al pleno a las 11:00 horas.
El documento señala: “Esta LXXV Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León impone a Manuel Florentino González Flores, en su carácter de entonces gobernador interino del estado de Nuevo León, en términos de lo establecido por los considerandos, la sanción consistente en: la destitución del cargo como secretario general de Gobierno del estado de Nuevo León que actualmente ostenta, misma que surte efectos desde el momento en que se apruebe el dictamen por el pleno del Congreso del estado de Nuevo León, así como la inhabilitación como servidor público por seis años, contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del dictamen por el pleno”.
El dictamen fue aprobado en este sentido en la Diputación Permanente, por unanimidad.
