La Corte abre la puerta a que el secretario de Gobierno de NL sea sancionado

“El promovente no interpone este recurso de queja en defensa de los intereses del Poder al que pertenece, que es quien tiene el carácter de actor en la controversia constitucional de la que este incidente deriva, sino de los intereses del secretario de Gobierno estatal”, dice el documento sobre el caso que fue publicado en el listado de acuerdos de la SCJN.

“Por tanto, considerando que la controversia constitucional y los recursos que de ella derivan no son un medio de defensa instituido para proteger intereses de particulares, sino de los entes públicos previstos en la Constitución federal, es de concluirse que, en las condiciones apuntadas en el escrito, el promovente carece de legitimación activa para interponer recurso de queja”, añade.

La semana pasada, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Nuevo León sancionar a Rodríguez Calderón y a González a más tardar el próximo 24 de abril.

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Respecto de la decisión de la SCJN, el presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso local y diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Arturo de la Garza, confirmó que, al desechar al recurso de queja, el máximo tribunal abre la puerta a que los legisladores sancionen a González. Dicha sanción puede ser de destitución e inhabilitación por seis años.

En el caso del gobernador, agregó De la Garza, el Congreso local puede sancionar pero no ejecutar el castigo, hasta que la SCJN resuelva si los diputados tienen o no esta facultad.

De la Garza indicó que será este jueves a las 17:00 horas cuando la comisión sesione para discutir el proyecto sobre el asunto.

“Vamos a votar este tema, vamos a sacarlo, vamos a hacer justicia, y que ya en el Palacio de Gobierno los mismos infractores, llamados así por la autoridad electoral, sepan lo que es justicia”, dijo.

Horacio Tijerina, también diputado de MC, acusó desde el pleno que, si el dictamen no prospera, será por “intereses” del PAN, en un supuesto intento de proteger a los aún funcionarios a cambio de recibir un “favor electoral” en el año 2021, cuando en la entidad se renovarán todos los cargos de elección popular.

“La decisión que deben tomar aquí las diputadas y los diputados es cumplir la ley y cumplir la sentencia o defender a Manuel y a Jaime, esa es la decisión que tienen que tomar”, aseguró.