Funcionarios de BC piden licencia en medio de indagatoria por supuestos 'moches'

Tras darse a conocer esta situación, Núñez Camacho solicitó licencia temporal de su cargo como oficial mayor "para que, con toda transparencia y prontitud, la Secretaría de Honestidad y Función Pública pueda aclarar la denuncia orquestada en su contra".

Así lo informó el domingo el gobierno de Baja California a cargo de Jaime Bonilla, a través de un comunicado, en el que precisó que la licencia durará hasta que culminé la investigación de la Función la Pública local.

"El servidor público (Jesús Núñez) manifestó que la información difundida en medios de comunicación y redes sociales, donde se le involucra en presuntas irregularidades, es absolutamente falsa y nunca ha participado en ningún convenio o contrato con la persona denunciante", agregó.

Este lunes, el gobernador tomó protesta a Héctor Mares Cossío –quien fue su suplente en la Cámara de Diputados entre 2012 y 2015– como oficial mayor en sustitución de Núñez Camacho.

En tanto, las acusaciones habrían ocasionado afectaciones a la salud de Cynthia García, quien el pasado viernes 29 de octubre fue reportada en estado de coma, según lo informado por el secretario de Gobierno, Armando Rodríguez Lozano.

“Por desgracia (las filtraciones) ya generaron una primera baja. Me acabo de enterar que producto de esto, nuestra secretaria de Bienestar ha caído en estado de coma; se encuentra en una situación emergencia en un hospital de la ciudad de Tijuana”, dijo Rodríguez Lozano en un video difundido en su cuenta de Facebook.

El secretario de Gobierno recordó que García Soberanes había vencido el cáncer, pero, acusó, "este tipo de ataques ya generó que esté en un estado crítico"; agregó que la hija de la funcionaria fue quien solicitó la licencia temporal de su mamá.

Asimismo, defendió que durante el proceso de transición en Baja Califiornia, Cynthia García consiguió que "le regalaran computadoras, mochilas y una gran cantidad de cosas que repartió antes de que iniciara este gobierno".

¿De qué se le acusa a los funcionarios?

La Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California investiga a funcionarios de la actual y la pasada administración, por presuntamente haber recibido millones de pesos por parte de empresas a cambio de la entrega de convenios, contratos y licitaciones.

Los principales señalados son Cynthia Gissel García Soberanes, Jesús Núñez y el propio secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

De acuerdo con un reportaje del semanario Zeta , esta operación inició unos meses antes de que el gobierno del morenista Bonilla Valdez arrancara, y con la promesa a proveedores de futuros contratos.

Zeta detalla dos casos específicos relatados a la Función Pública local: el empresario Humberto Valadez García habría entregado 20 millones de pesos a cambio de contratos como proveedor de alimentos a penales de Baja California y a los desayunos escolares, una vez que iniciara el gobierno de Bonilla; el otro caso es el de un empresario identificado como Carlos Patiño, quien supuestamente entregó 100,000 dólares ante la promesa de obtener convenios en el sector de vivienda.

¿Qué dice Bonilla?

En su mensaje de este lunes, Bonilla Valdez declaró que en su gobierno no habrá "vacas sagradas ni favoritismos" cuando algún funcionario sea señalado de irregularidades.

"Este gobierno no es lo mismo que el pasado; aquí el que se equivoca, se va", advirtió. Además, señaló que se investigará si dentro de algunas áreas de la administración –sin precisar cuáles– hay "infiltrados" del gobierno anterior.