El PAN advierte que defenderá su triunfo en Puebla ante la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- A dos días de que el magistrado José Luis Vargas hiciera público un proyecto en el que plantea la anulación de la elección en Puebla, la aún gobernadora electa, Martha Erika Alonso, anunció que de ser necesario defenderá su triunfo ante instancias internacionales.

En conferencia de prensa, la panista aseguró este martes que la de Puebla ha sido la contienda más revisada en la historia del país, pues tuvo varios conteos —incluso uno ordenado por el Tribunal Electoral federal (TEPJF)—, e insistió en que en todos los procedimientos los resultados le dan la ventaja.

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"Se comprobó una y otra vez que los resultados son consistentes entre sí. La diferencia, desde el 1 de julio hasta el recuento de septiembre, es de mas de 100,000 votos", dijo.

El proyecto

Alonso acusó que el proyecto de nulidad viola el principio de la carga de la prueba, pues "no existen elementos para afirmar que la cadena de custodia haya sido rota". "Este proyecto es un absurdo a la razón jurídica", dijo.

Además, citando los artículos 131 y 146 del reglamento interno del TEPJF, la gobernadora electa sostuvo que el magistrado no debió hacer público el documento en su cuenta personal de Twitter, antes de su resolución.

Alonso acusó también que este proyecto de sentencia es presentando justo luego de que la bancada de Morena presentara en el Senado una iniciativa para reducir de nueve a tres años el periodo del magistrado en el TEPJF, "con el propósito de incidir en el fallo" sobre los comicios de Puebla.

"El proyecto de nulidad presentado por el magistrado Vargas carece de imparcialidad, de legalidad y confunde a la opinión pública (...) La ley no puede quedarse postrada por el interés de halagar al poder central", sostuvo.

Asimismo, recordó que Vargas fue quien propuso el recuento de votos en septiembre pasado.

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Defensa del triunfo

La panista dijo que, de aprobarse este proyecto, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, a través de una medida cautelar, se garantice el debido proceso legal, el acceso efectivo a la justicia y la independencia de los tribunales para resolución definitiva del caso. Además, denunciaría violencia política en su contra.

También, apelará al cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Iberoamericana Democrática y la Convención Do Bélem Do Pará, a fin de erradicar la violencia política contra la mujer.

La decisión sobre los comicios en el estado deberá darse antes del 14 de diciembre, fecha prevista para el cambio de gobierno, actualmente en manos del también panista Antonio Gali.

En caso de que este proyecto sea respaldado por el resto de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, se convocaría a una nueva elección para febrero de 2019.