Las 'trampas’ de los 7 estados acusados de desvíos de dinero destinado a salud

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El Estado de México hizo pagos a personal por arriba del tope de lo permitido en 2014 con recursos que estaban destinados para el sector salud, lo que representó un posible daño al erario por 1,549 millones de pesos (mdp).

La práctica de ocupar dinero etiquetado para otros conceptos está lejos de ser única de está entidad, al contrario, ha sido una constante en todo el país. Tan solo del 2012 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen detectados posibles desvíos que ascienden a cerca de 50,000 mdp en siete estados del país.

Por ello, Luis Pérez de Acha, abogado de Justicia Justa e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y Federico Reyes Heroles, Consejero Presidente de Impunidad Cero, presentaron 14 denuncias en contra de funcionarios de estas entidades y que pudieron ser los responsables de los devíos de recursos.

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Conoce aquí de qué va la denuncia:

¿Cuáles estados fueron denunciados?

Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa. En conjunto, el monto de irregularidades se acercan a los 50,000 millones de pesos de 2012 a 2016.

Veracruz es la entidad con el mayor monto irregular (12,056 mdp), seguido de Michoacán (9,064 mdp) y Estado de México (8,548 mdp) y Sinaloa por 1,169 mdp.

Por el peso geográfico que tienen, como en el caso de Edomex y Veracruz, así como la marginación que tienen estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, fueron los criterios para seleccionar a estos estados en el primer bloque de denuncias.

¿Cuáles son la irregularidades?

Las entidades habrían usado los recursos del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) para conceptos distintos a los que estaban destinados.

De acuerdo con la revisión a las Cuentas Públicas de la ASF, el equipo de Pérez de Acha encontraron recursos que fueron a parar a empresas fantasma, pagos sin comprobante a aviadores (que pueden ser personas que no existen), así como retenciones a trabajadores que no fueron reportadas al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Por ejemplo, en 2014, se pagaron 1,549 mdp por pagos a personal por arriba del tope permitido en el Edomex, además se entregaron 322 millones de pesos por concepto de pagos sin documentación comprobatoria.

En Chiapas, se destinaron 95 mdp en pagos de bonos en 2016, y 466 mdp del FASSA a retenciones a trabajadores por ISR, ISSSTE y FOVISSSTE, que no fueron entregados al SAT.

En general, éstas fueron las irregularidades mayormente detectadas:

• Pagos de sueldos a personas que no laboran en las unidades médicas, a personal en comisiones sindicales o con licencia.
• Transferencias de recursos de la cuenta de FASSA a la cuenta de Seguro Popular.
• Pagos sin comprobación.
• Pagos a personal por arriba del tope permitido.
• Pago de bonos de fin de año a mandos medios y superiores, y otros bonos.
• Transferencias a otras cuentas del estado.
• Pagos a empresas fantasma.
• Recursos presupuestados y que no aparecen en los estados de cuenta bancarios.
• Retenciones a trabajadores por ISR, ISSSTE, FOVISSSTE, que no fueron entregados al SAT.
• Pagos no autorizados por el Fondo: impuesto sobre nóminas.
• Pagos de multas, recargos y actualizaciones por impuestos enterados fuera de tiempo.
• Compra de abarrotes y material para áreas administrativas.
• Pagos a empleados eventuales, se desconoce si realizaban actividades permitidas por el Fondo.
• Compra de medicamentos no autorizados (no incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud).
• Pagos de sobreprecios.
• Subejercicio de recursos destinados a Seguro Popular y a FASSA.

¿Cuáles son los delitos?

Las denuncias son en contra de los secretarios de Hacienda y tesoreros de los estados, de los titulares de las secretarías de Salud y en contra de los directores de administración y financiación, así como de los titulares de coordinación de programación y presupuesto del Régimen estatal de Protección Social en Salud y del Departamento de tesorería, por ser probables responsables de corrupción.

El abogado Luis Pérez de Acha consideró que en total podrían ser de 28 a 30 funcionarios los que estuvieron involucrados en los desfalcos.

Los delitos que se le atribuyen son uso indebido de atribuciones y facultades, así como peculado.

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¿Qué sigue?

El abogado explicó que esperan que la PGR active los procedimientos procedimientos penales respectivos y, la más importante, es que se genere la percepción de riesgo en los funcionarios que están abusando “descaradamente” en el manejo de los recursos públicos.

También señaló que en las próximas semanas presentarán nuevas denuncias, en contra de funcionarios de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, que son las entidades con mayor potencia económica en el país.