Diputados del Frente se adelantan y aprueban "muerte civil" en Aguascalientes
El Congreso de Aguascalientes se le adelantó al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y aprobó una de sus principales propuestas de campaña: la llamada “muerte civil” como sanción a quienes cometan actos de corrupción.
A dos días de la elección, los diputados locales avalaron reformas a la Constitución local, el Código Penal y la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, para establecer como pena la inhabilitación definitiva de personas, empresas y servidores públicos que sean condenados por corrupción, dependiendo de la gravedad de la falta.
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Las modificaciones fueron propuestas por los diputados Gustavo Báez y Guillermo Alaníz, que buscan reelegirse con el PAN, e Iván Sánchez, del PRD. Sus partidos constituyen mayoría simple en la Legislatura y contienden coaligados por cargos locales y federal. Su iniciativa fue aprobada por unanimidad (los 27 diputados).
Anaya, candidato de la coalición que integran PAN, PRD y MC, prometió en campaña que, de ganar la elección, instauraría la “ muerte civil” como pena contra los corruptos .
¿Qué es la muerte civil y cómo se aplicará Aguascalientes?
Quienes reciban la “muerte civil” quedarán impedidos definitiva o permanentemente para:
- Participar como proveedor en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
- Ejercer un cargo público.
Podrán ser sancionados:
- Personas físicas.
- Personas morales (empresas).
- Servidores públicos.
Aplicará “cuando se compruebe que delitos cometidos por servidores públicos se configuren dentro de un proceso de adquisición gubernamental, licitación pública o cualquier procedimiento de contratación dentro de la Administración Pública, se podrá determinar la imposición de la inhabilitación definitiva, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, ya sea a los servidores públicos o a los particulares que sean responsables en la comisión de los mismos”.
Junto a la inhabilitación definitiva, las personas, empresas y funcionarios corruptos pueden recibir penas de cárcel cuando el acto de corrupción constituya alguno de estos delitos :
- Ejercicio indebido del servicio público (dos a seis años).
- Coalición de servidores públicos (dos a cuatro años).
- Concusión (uno a cuatro años).
- Cohecho (seis meses a cinco años).
- Peculado (uno a ocho años).
- Tráfico de influencias (dos a seis años).
- Encubrimiento (uno a seis años).
En el caso de las empresas, también se establecen sanciones como la suspensión de actividades, la intervención y hasta la disolución de la sociedad, cuando esté involucrada en faltas administrativas graves.
